Un nuevo paro laboral en la construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá interrumpió la movilidad en la avenida Caracas durante la mañana del 6 de marzo de 2026.
Los trabajadores denunciaron retrasos en sus pagos que superan un mes, una situación que pone en evidencia la fragilidad de los avances en la mayor obra de infraestructura de la capital.
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La protesta, que generó intervención policial, cuestiona tanto la solvencia de los contratistas como la capacidad de respuesta institucional frente a conflictos que afectan directamente la ejecución de proyectos estratégicos para la ciudad.
Según la Secretaría de Gobierno de Bogotá, el equipo de Diálogo Social llegó al lugar de la protesta, en la intersección de la avenida Caracas con calle 8, donde los voceros de los manifestantes reiteraron que los pagos pendientes los mantenían sin remuneración por más de un mes.
Durante la mediación, las autoridades solicitaron la presencia policial, y tras varias horas de diálogo se dio por finalizado el encuentro, mientras el equipo de la Secretaría permaneció atento a cualquier novedad.
El bloqueo comenzó a las 10:00 a. m. aproximadamente, y paralizó el tránsito en ambos sentidos de la avenida Caracas, uno de los principales ejes viales de la ciudad. Cerca de cuatro horas después, a las 11:58 a. m., la cuenta de X de Bogotá Tránsito informó que los manifestantes se retiraron y se normalizó el flujo vehicular en el sector, poniendo fin a la interrupción.
Un conflicto que se arrastra desde febrero
La protesta del 6 de marzo se sumó a un episodio similar ocurrido el 6 de febrero de 2026, cuando empleados del subcontratista Icmec bloquearon el patio taller de la obra en reclamo de pagos atrasados.
Entonces, el concesionario Metro Línea 1 S.A.S. (ML1) desplegó equipos técnicos y jurídicos con el objetivo de abrir canales de negociación entre los trabajadores y el subcontratista, buscando evitar retrasos adicionales en el cronograma de construcción.
En esa ocasión, ML1 aseguró que mantiene un proceso de supervisión continua sobre todos sus contratistas y subcontratistas, garantizando el cumplimiento de la legalidad y los compromisos contractuales en una obra considerada estratégica para Bogotá.
“Nuestra actuación refleja el compromiso de ML1 con la continuidad responsable de la obra, el respeto por las personas vinculadas al proyecto y el cumplimiento de los estándares que rigen la ejecución de un proyecto de gran importancia para la ciudad”, declaró la empresa a Infobae.
Las mediaciones implementadas en febrero incluyeron el acompañamiento de equipos técnicos y jurídicos destinados a fomentar la negociación entre los trabajadores y el subcontratista, procurando garantizar el pago de las obligaciones pendientes y evitar mayores impactos en la ejecución del proyecto.
Gestión institucional frente a las protestas
La Secretaría de Gobierno también destacó la labor de su equipo de Diálogo Social durante la jornada, no solo en el caso del metro, sino en otras actividades sociales y comunitarias en Bogotá.
En Bosa, el equipo supervisó los alrededores del Parque Metropolitano El Porvenir, previo a eventos relacionados con la conmemoración del 8 de marzo, sin registrar presencia de convocantes antes del inicio previsto.
En Teusaquillo, la Secretaría acompañó a la comunidad Embera en la Agencia Nacional de Tierras, en un espacio donde se mantiene monitoreo institucional y se proyecta una reunión con la Unidad de Víctimas.
Asimismo, en San Cristóbal, participaron en la coordinación de un evento cultural en la Casa del Pensamiento Común La Chingaza, que incluyó la elaboración de un mural conmemorativo, muestras artísticas y una frijolada comunitaria.
En Usaquén, se realizaron verificaciones en la Casa del Pensamiento sin registrarse alteraciones ni presencia de manifestantes.
Las protestas laborales en la Línea 1 evidencian los riesgos asociados a la gobernabilidad de megaproyectos urbanos y la compleja relación entre el concesionario principal, ML1, y subcontratistas como Icmec, responsables de frentes clave en las obras civiles y mecánicas.
La concesionaria advirtió que un estancamiento prolongado podría derivar en retrasos significativos y aumentar la desconfianza en la gestión contractual del proyecto.
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