Un juez de Barrancabermeja dictó una condena de 42 años de prisión contra Iván Felipe Zambrano Galvis, conocido como Pipe o Duende, tras reconocer su responsabilidad en el feminicidio y desmembramiento de Carolina Alejandra Vitola Cuello, una joven deportista de 17 años.
El fallo, logrado mediante un acuerdo entre la defensa y la Fiscalía General de la Nación, representa uno de los castigos más severos impuestos en la ciudad en casos de violencia de género y refleja la respuesta judicial ante la exigencia social de justicia.
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La víctima, estudiante del colegio El Castillo y destacada practicante de taekwondo, fue asesinada la noche del 7 de mayo de 2025.
Según investigaciones de la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja y la Policía Metropolitana del Magdalena Medio, Carolina Alejandra fue interceptada en el asentamiento El Centenario, comuna 7, por cuatro integrantes de la estructura criminal Los Búcaros, entre ellos Zambrano Galvis, Keiner Arrieta Geney (alias Alianza) y Lizney Xiomara Arenas Cabrera (alias La Champetua).
El informe judicial detalla que la joven recibió cuatro impactos de bala, dos de ellos en el rostro. Posteriormente, los responsables trasladaron su cuerpo hasta una zona boscosa donde fue desmembrado con un machete, en un intento de ocultar el crimen.
Días más tarde, habitantes del sector encontraron los restos humanos, un hallazgo que generó consternación en la comunidad educativa y deportiva de la ciudad.
La investigación, que combinó interceptaciones telefónicas, análisis de llamadas, entrevistas y peritajes forenses de campo, permitió identificar y vincular a los responsables.
Según el brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, “Tres meses de trabajo intenso por parte de nuestros hombres y mujeres de la Policía y el Ejército permitieron que hoy la justicia actúe contra estos tres sujetos”.
Zambrano Galvis fue capturado durante un operativo de inteligencia en Bucaramanga y notificado por los delitos de feminicidio agravado, ocultamiento y destrucción de material probatorio, hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.
El acusado ya contaba con antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, lo que agravó su situación judicial.
Condenas históricas para los integrantes de Los Búcaros
La sentencia contra Zambrano Galvis se suma a la condena de 45 años y cuatro meses de prisión impuesta a Keiner Arrieta Geney por su participación en el mismo crimen.
Por su parte, Lizney Xiomara Arenas Cabrera, alias La Champetua, enfrenta cargos y permanece c medida de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Las autoridades también investigan la participación de un cuarto implicado, mientras que la Alcaldía de Barrancabermeja ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que permitiera dar con los responsables.
Impacto del crimen en la comunidad
El asesinato de Carolina Alejandra Vitola Cuello no solo conmovió a su familia y amigos, también generó un impacto profundo en la sociedad barranqueña.
Una tía de la joven declaró: “Se nos salió de las manos, pero no fue por falta de intentos”, expresando la frustración familiar ante la violencia que terminó con la vida de la adolescente.
La presidenta de la Comisión de la Mujer y la Equidad de Género, Tania Andrea Mogollón Zapata, condenó públicamente el crimen: “Rechazamos de manera enérgica y categórica el asesinato de una adolescente en nuestra ciudad. Este crimen no puede quedar impune”.
Este caso también motivó movilizaciones y reforzó la demanda de acciones efectivas por parte de las autoridades locales para prevenir la violencia contra las mujeres.
Recientemente, la Fiscalía General de la Nación también judicializó a Anderson Stiven Acosta Chávez, que fue condenado a 36 años y 6 meses de prisión por el asesinato del vigilante Henry Salazar durante un robo en la estación de servicio La Bendecida, en la vereda Peroles.
Acosta Chávez, identificado como exintegrante del Clan del Golfo, actuó junto a otros dos sujetos, disparando contra la víctima y sustraendo sus pertenencias.
La condena incluyó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado, y aunque la defensa presentó apelación, el fallo constituye un precedente en la persecución de delitos violentos.
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