Las consecuencias de una filtración de información en la Fiscalía han dejado una estela de muertes y acusaciones cruzadas.
Según documentos y testimonios recabados por El Tiempo el 6 de marzo de 2026, dos desertores del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y un agente encubierto fueron asesinados tras ser señalados como informantes, en medio de sospechas sobre nexos entre funcionarios judiciales y la guerrilla.
De acuerdo con expedientes judiciales, la “fuga de información” permitió al grupo criminal identificar a quienes colaboraban con las autoridades, desencadenando los llamados “ajusticiamientos”. Las investigaciones han puesto bajo la lupa a una fiscal contra el crimen organizado y a un investigador del CTI, ambos actualmente apartados de sus cargos mientras avanzan las pesquisas.
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Las muertes de Joaquín Vergara Mojica y Otto Daniel Aponte Vásquez, exmiembros del ELN, ocurrieron en agosto de 2023, apenas días después de la firma de un supuesto cese al fuego entre el grupo armado y el gobierno.
La guerrilla se atribuyó ambos crímenes en un comunicado donde calificó a Vergara de traidor: “Las acciones realizadas por este personaje son catalogadas como alta traición y crímenes contra el pueblo y por tanto merecedor de la pena capital como reza el código de guerra”, comunicó el ELN en su momento.
El trasfondo de estos asesinatos se relaciona directamente con el intento de la organización de encontrar al delator de un plan de atentado de alto impacto, por el que se movieron $2.600 millones y cuyos posibles objetivos eran el exfiscal general Francisco Barbosa, el general retirado Eduardo Zapateiro y la senadora María Fernanda Cabal.
Según una declaración recibida por el entonces director del CTI, Alberto Acevedo, la guerrilla buscaba crear “una especie de cortina de humo” mientras trasladaba tropas y armas desde Venezuela hacia Colombia. El informante habría alertado sobre la vulnerabilidad de las fuentes, después de que la Fiscalía denunciara públicamente el plan para asesinar a Barbosa, lo que precipitó una purga interna en el Eln.
Las autoridades confirmaron públicamente en agosto de 2023 que existía un plan criminal para asesinar al fiscal general. La Fiscalía señaló: “Según la información de estas fuentes, en el pasado mes de julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias el Rolo”.
Las investigaciones internas apuntan a que una funcionaria de la Fiscalía, conocida como “La Pequeña Gigante”, habría sido señalada por el informante como posible fuente de filtraciones.
El expediente recoge el testimonio: “Menciona tener información sensible referente a una funcionaria que trabaja en la Fiscalía General de la Nación... quien tendría vínculos con integrantes del ELN. Sería conocida como ‘La Pequeña Gigante’”.
La fiscal identificada es Lizeth Paola Rodríguez, que ha ocupado cargos de relevancia en distintas dependencias judiciales y fue Coordinadora Nacional de procesos contra el ELN. Diversos testimonios recogidos por El Tiempo la describen como “la funcionaria que más conoce el modus operandi de esta guerrilla”. A pesar de su trayectoria, enfrenta varias indagaciones sin que hasta ahora exista prueba concluyente sobre supuestos nexos con el Eln.
En uno de los procesos, un análisis genético descartó cualquier vínculo de sangre entre la fiscal Rodríguez y alias Gabino, señalado líder guerrillero, pese a las versiones anónimas que circulaban en su contra.
El clima de desconfianza ha derivado en señalamientos mutuos entre la fiscal Rodríguez y el investigador de CTI, Eber Augusto Huertas, quienes trabajaron juntos en Arauca y se acusan de acoso, injuria y supuestos vínculos con la guerrilla. Ambos han sido apartados de sus funciones mientras se determinan responsabilidades.
Los documentos muestran que las investigaciones contra la fiscal han sido reiteradas. Uno de los expedientes surgió tras la captura de Jhan Carlos Amaya Callejas, acusado erróneamente de ser alias Garganta. “El verdadero ‘Garganta’ está en Arauca, en el monte. No sabemos por qué quieren incriminar a mi papá”, expresó Yuleimy Amaya, hija del procesado, a los medios.
La Fiscalía también investigó denuncias de extorsión contra la empresa Sicim, en las que surgieron nuevas menciones a una servidora judicial supuestamente cercana a ‘Gabino’. En 2024, el fiscal Henry Rodríguez volvió a examinar el caso y concluyó que “no se cuenta con información suficiente para sugerir la comisión de alguna conducta que constituya responsabilidad penal” en contra de la fiscal Rodríguez.
La funcionaria denunció ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que se recabó información sobre su familia sin justificación formal. “Es decir, si podría yo tener responsabilidad en los mismos para ahí sí realizar una posible relación con un cabecilla de una organización”, expuso la fiscal en el escrito conocido por El Tiempo.
Las dudas sobre la asignación de agentes y la gestión de los expedientes llevaron a que el comité técnico jurídico de la Fiscalía interviniera, concluyendo que existían “inquietudes sobre la asignación del policía judicial al caso”.
En consecuencia, el fiscal Henry Rodríguez y el agente Huertas fueron removidos de la investigación, y se dispuso la revisión de su actuación en el manejo de la información y la credibilidad de las fuentes. El investigador fue destinado a trabajar en celdas de Paloquemao y se le retiró su arma de dotación.
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