Gobierno Petro y bancos siguen lejos de un acuerdo sobre el futuro del dinero ahorrado en pensiones: qué ocurrió ahora

Una nueva ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el sector financiero finalizó sin acuerdos, en medio del debate por el traslado de ahorros de fondos privados a Colpensiones y la posibilidad de imponer inversiones forzosas ante la emergencia económica en la región Caribe.

El Ejecutivo propone transferir $25 billones a Colpensiones antes del 16 de julio, una medida que enfrenta rechazo del sector bancario y advierte sobre consecuencias para el ahorro privado, las tasas de interés y la economía nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El enfrentamiento implica decisiones sobre la transferencia obligatoria de fondos de los trabajadores que optaron por pasarse de las administradoras privadas, mientras bancos y administradoras de fondos de pensiones mantienen la oposición.

El proceso podría afectar la liquidez, la concesión de créditos y las condiciones generales de financiamiento, en un momento en el que las posiciones entre el Gobierno y los líderes financieros permanecen distantes.

Mientras el Ejecutivo defiende que la transferencia es legal y necesaria, el sector financiero insiste en los posibles desequilibrios económicos.

Una nueva reunión se desarrolló, el 5 de marzo, en la Casa de Nariño y el Ministerio de Hacienda, con la participación del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, y directivos de bancos como Davivienda, BBVA y Bancolombia. Se espera un nuevo encuentro el lunes 9 de marzo , aunque el plazo oficial para el traslado de fondos vence el 16 de julio.

El Gobierno colombiano impulsa un decreto que obligaría a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) a transferir todos los recursos de más de 25.000 afiliados —incluidos 5.000 ya pensionados— desde fondos privados a Colpensiones. Según la propuesta, el traslado deberá hacerse en un máximo de 15 días tras la entrada en vigor de la nueva normativa.

El presidente Petro defendió públicamente la medida. “Yo no propongo que los fondos privados transfieran a Colpensiones billonarios recursos porque sí ni para financiar el gobierno”, sostuvo el mandatario. Añadió que “el ahorro de cualquier persona es de la persona, no del banco, y mi deber constitucional es protegerlo y no permitir ninguna forma de expropiación. El ahorro es propiedad privada del ahorrador”.

El Ejecutivo decidió fijar un plazo para evitar demoras adicionales, ya que las AFP todavía no transfirieron la totalidad de los recursos. El núcleo de la polémica está en la dimensión del traslado: los $25 billones representan un volumen significativo para la estabilidad de Colpensiones y la sostenibilidad futura de las reservas públicas para pensiones.

Traslado de $25 billones de las AFP a Colpensiones

Según estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), esa transferencia impactaría de forma negativa en el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo (Fapc), creado para garantizar la pensión de los que reciben hasta 2,3 salarios mínimos. Aunque la entidad sostiene que los derechos individuales de los afiliados no se afectarían, advierte que el traslado inmediato limitaría la capacidad de ahorro e inversión del fondo estatal para jubilaciones futuras.

Las posiciones en torno al traslado obligatorio de fondos abren un debate sobre el equilibrio entre la protección de los ahorros de los trabajadores y el apoyo a la sostenibilidad fiscal de Colpensiones. Mientras el Gobierno insiste en el cumplimiento de la ley y la defensa del derecho individual, entidades del sector financiero y expertos en pensiones remarcan los riesgos para el sistema y el ahorro nacional.

El asunto cobró relevancia ante el anuncio presidencial de que más de 25.000 cotizantes —entre ellos 5.000 pensionados— optaron por trasladar los ahorros a Colpensiones, pero los recursos aún fueron transferidos en su totalidad, lo que llevó a la imposición del nuevo plazo legal.

Impacto en el sistema financiero y reacciones del sector bancario

Representantes del sector financiero advierten sobre el efecto inmediato del traslado en la liquidez de los bancos y la dinámica del crédito. El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, fue enfático al decir a Blu Radio que “un porcentaje del ahorro de los colombianos va a estar administrado por el Gobierno. Esto reduce los fondos disponibles para el resto de la economía y presiona al alza las tasas de interés. Asumimos que quitar el 5% de los depósitos podría subir entre medio y un punto porcentual las tasas de colocación”.

La preocupación se amplía al impacto en el acceso al crédito para familias y empresas, así como al posible freno en el crecimiento de la economía. Desde Anif se añade que la salida inmediata de estos recursos disminuiría la capacidad de fortalecer el Fapc, lo que debilitaría así la financiación de las pensiones a largo plazo.

Bancos como Davivienda, BBVA y Bancolombia expresaron que es necesario revisar el mecanismo de traslado y buscar alternativas que no reduzcan el capital disponible en el sistema financiero.

Inversiones forzosas y el futuro del Pacto por el Crédito

De forma simultánea al traslado de recursos a Colpensiones, el Gobierno plantea la adopción de un régimen de inversiones forzosas. Por medio de este instrumento, se busca obligar a las entidades bancarias a destinar una fracción de sus depósitos a créditos orientados a sectores y regiones priorizados por el Estado, especialmente los más afectados por desastres climáticos recientes.

El antecedente de este tipo de medida se encuentra en los títulos de desarrollo agropecuario (TDA), que ya imponen a los bancos la obligación de destinar parte de la cartera al financiamiento del sector agropecuario. Ante la emergencia en el Caribe, el Ejecutivo estudia expandir el esquema con alcance hacia vivienda, agroindustria y turismo, mediante entidades como Bancóldex, Banco Agrario de Colombia y el Fondo Nacional del Ahorro, lo que pone bajo tensión a los sistemas de préstamo tradicionales.

Durante 2024, el llamado Pacto por el Crédito estableció una meta de canalizar $55 billones en préstamos hacia actividades productivas, con participación de sectores público y privado. No obstante, el propio Petro ha calificado como insuficiente la efectividad de ese acuerdo y señaló la necesidad de considerar nuevas regulaciones. En contraste, Malagón resaltó los avances logrados: “El acuerdo suscrito en agosto de 2024 registra un desembolso del 90% de la meta fijada, a un mes de su cierre”. Resaltó que ello fue posible gracias a la articulación entre la banca y las autoridades económicas en áreas como economía popular, manufactura y turismo.

Persisten, sin embargo, los desacuerdos sobre la conveniencia de acelerar el régimen de inversiones forzosas. El sector bancario reclama buscar soluciones de consenso que no alteren estructuralmente la oferta de crédito.