El 3 de marzo de 2026, desde Popayán (Cauca), el presidente Gustavo Petro realizó una alocución relacionada con las elecciones al Congreso de la República, que se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo. Según informó, en general, la temporada electoral se ha desarrollado de manera pacífica, aunque se han registrado algunos hechos de riesgo.
“De aquí hacia el día domingo, se intensifican las reuniones a puerta cerrada y la decisión de los colombianos y las colombianas, que debe ser libre. Si queremos una democracia y un buen país, un país donde vale y valga la pena vivir, necesitamos la libertad en el voto de la ciudadanía”, dijo el primer mandatario.
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En ese sentido, insistió en las dudas que tiene sobre la transparencia de los escrutinios en los comicios, algo que ha expuesto en varias oportunidades a través de sus redes sociales. Indicó que una magistrada descubrió años atrás que el software utilizado para ese proceso tiene una vulnerabilidad. En consecuencia, según explicó, el Consejo de Estado ordenó la utilización de un software del Estado y para el Estado, algo que no se ha hecho en Colombia.
Por eso, Petro informó que, de cara a las elecciones del 8 de marzo, no se ha entregado el código fuente del software a los partidos y a la ciudadanía que deseen estudiarlo. Eso quiere decir que no se ha hecho una auditoría al respecto. “Hasta el día domingo ya no es posible una auditoría técnica del código fuente y, por tanto, garantizar que no haya opacidad en los algoritmos con que se cuentan los votos”, señaló.
Sin embargo, es importante recordar que el 25 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que hizo la exposición del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio para las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales. “El objetivo de este proceso es permitir la validación de la integridad, seguridad, funcionalidad y correspondencia entre el código auditado y la versión que será puesta en producción”, precisó el gerente de Informática de la Registraduría Nacional, Hoslander Sáenz Barrera.
Aunado a ello, el primer mandatario se refirió a la etapa de preconteo que se llevará a cabo el 8 de marzo, indicando que no es legal en Colombia, porque en otros procesos electorales ha mostrado una diferencia de un millón de votos con respecto a los escrutinios. Ese preconteo lo hace una empresa privada, y, según el presidente, implica un muy alto gasto de recursos. “Es un derroche de dinero, en mi opinión (...). Se ha pasado de $153.000 millones que valían hacia el año 2013, a una cifra que hoy equivale a un billón y medio de pesos”, señaló.
De hecho, informó que hay dudas sobre las licitaciones que se han hecho desde 2017 para ese objeto contractual: 25 contratos han sido ganados por la misma empresa.
En ese sentido, a juicio del jefe de Estado, lo que se debe hacer para garantizar la transparencia de los comicios es contar con testigos electorales que verifiquen el conteo de votos mesa por mesa. Estas personas tienen la posibilidad de impugnar para que posteriormente se vuelvan a contar los votos de la mesa en la que, presuntamente, hubo errores o irregularidades.
“Entre más mesas impugnadas, más claridad (...). Serán los jueces de la República de Colombia, los que al frente de las comisiones escrutadoras, y ante el levantamiento en las urnas de los de nuevo para volverlos a contar, quienes dirán la última palabra”, dijo el presidente.
La compra de votos: otro problema de las elecciones
Por otro lado, el mandatario aseguró que previo a las elecciones “pulula” la compra de votos, un fenómeno que se está manejando a través de transacciones bancarias y utilizando plataformas como Nequi. En consecuencia, ordenó a las autoridades que capturen a las personas que se dediquen a la compra de votos, porque hasta el momento se han presentado 14 hechos de este tipo en el país.
“Calificaré el buen comportamiento de los comandantes de Policía regionales a través de este indicador”, dijo, señalando que esa información, sumada a la tasa de homicidios, la utilizará para determinar ascensos y méritos.
Asimismo, pidió a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) investigar y determinar qué personas están transfiriendo recursos de manera “multitudinaria” y a través de qué celulares. “Tenemos los instrumentos para detectar ese tipo de maniobras”, precisó.
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