La sede de campaña de la representante a la Cámara Katherine Miranda fue objeto de un ataque en la localidad de Chapinero, en Bogotá, donde dos hombres vandalizaron el inmueble con aerosol negro, dañando la fachada ubicada en la calle 53 con carrera Séptima.
El acto ocurrió poco tiempo después de que la congresista denunciara irregularidades en la remisión de pacientes oncológicos en el sistema de salud, lo que ha generado un intenso debate público.
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A través de sus redes sociales, Katherine Miranda difundió un video mostrando la sede afectada junto a un mensaje en el que rechazó la violencia política: “Vandalizaron mi sede de campaña. Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”. La representante vinculó el ataque con amenazas previas relacionadas con su actividad legislativa.
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La denuncia del “cartel del cáncer”
El ataque a la sede de Miranda coincidió con la controversia que surgió tras su denuncia sobre lo que denominó un posible “cartel del cáncer”. Según la congresista, la Nueva EPS habría remitido, entre 2023 y enero de 2026, 3.374 exámenes PET-CT a la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec) en Ibagué, con un desembolso que superó los $17.600 millones de pesos. Este volumen representó un incremento del 949% en comparación con el año anterior.
Katherine Miranda sustentó su denuncia en datos obtenidos mediante derechos de petición, donde se evidencia que desde distintas regiones del país se remitieron pacientes a la clínica de Ibagué para exámenes de cáncer disponibles en otros centros urbanos, como Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. Por ejemplo, desde Cúcuta se habrían realizado 118 remisiones con trayectos de hasta 16 horas por carretera. En Risaralda, pacientes tuvieron que recorrer el triple de distancia pese a existir centros más cercanos.
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Reacciones institucionales y judicialización
Tras la denuncia, Clinaltec emitió un comunicado donde calificó las declaraciones de la congresista como “irresponsables, injuriosas y calumniosas”. La institución sostuvo que su ubicación estratégica le permitió ampliar la cobertura y que, debido al cierre parcial de servicios en otras IPS, asumió mayor volumen de pacientes. Además, destacó que mantiene relaciones con todas las EPS presentes en la región y que fue pionera en áreas como radioterapia y medicina nuclear.

La controversia escaló al ámbito judicial cuando Clinaltec presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra Katherine Miranda por los delitos de injuria y calumnia. El abogado Iván Cancino, quien asumió la defensa de la congresista, anunció que solicitará ser llamado ante el alto tribunal para demostrar la veracidad de las afirmaciones y que, una vez notificados, interpondrán una denuncia por falsa denuncia contra la clínica.
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Datos y argumentos de la congresista
De acuerdo con la información obtenida por Miranda, en 2023 se remitieron 176 pacientes desde otros departamentos, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 723 y en 2025 a 1.846. Solo en enero de 2026 se reportaron 222 remisiones. La congresista subrayó que el sistema de salud exige que la remisión a otro municipio solo procede si el servicio no está disponible en la red local, lo que no ocurría en muchos de los casos.
La representante también señaló que de las 3.374 remisiones, únicamente 617 incluyeron viáticos, mientras que más de 1.400 pacientes habrían asumido los costos de traslado. Miranda afirmó que en el Tolima existe una relación cercana entre la familia del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el dueño de la clínica, lo que, en su opinión, exige máxima transparencia.
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Posición de la clínica Clinaltec
En respuesta, Clinaltec enfatizó su trayectoria desde 2014 y la habilitación de más de 80 servicios en sus sedes de Ibagué y Girardot. La IPS indicó que se ha consolidado como referente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncológicas, y que sus servicios han permitido ampliar la cobertura de pacientes provenientes de departamentos vecinos. Reiteró que rechaza cualquier vinculación con un supuesto “cartel de la oncología”, afirmando: “Ser el faro en la oscuridad para los pacientes oncológicos de Colombia genera enemigos indeseados”.
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