Corte Suprema citó a declarar al presidente Gustavo Petro por acusación de extorsión contra la congresista Gloria Arizabaleta

Continúa la polémica entre el presidente Gustavo Petro y la congresista Gloria Arizabaleta, quien radicó un documento en la que pidió la suspensión temporal del mandatario en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

En la mañana del jueves 11 de junio, se conoció que la Corte Suprema de Justicia citó al jefe de Estado colombiano para que rinda una declaración juramentada por escrito sobre sus denuncias de presunta extorsión contra la representante del Pacto Histórico.

El anuncio fue dado por el magistrado Misael Rodríguez, con el propósito de establecer el alcance de esas afirmaciones y definir si existen elementos para avanzar hacia una investigación formal.

La actuación judicial surgió en medio de la controversia por una investigación por presunta participación en política contra Petro, en la que Arizabaleta, entonces presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, impulsó una medida cautelar para apartarlo temporalmente de sus funciones.

¿Qué había dicho Petro?

Al término de su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro se refirió al auto de la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta donde propone su suspensión provisional por presunta participación política.

En declaraciones a los medios, el mandatario colombiano sostuvo que el intento de suspensión obedece a sus posiciones y no a una intervención indebida en política y explicó que en un proceso de esa naturaleza existen límites constitucionales.

“Y es por tener un pensamiento diferente que intentan suspender, porque no he hecho intervención en política y lo he aclarado (...) sobre el presidente, no se suspenden los derechos fundamentales de la Constitución”, indicó.

Del mismo modo, el presidente distinguió entre las gestiones ordinarias de un legislador y lo que definió como una extorsión o conducta delictiva.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, denunció.

Según Petro, el punto de ruptura estuvo en solicitudes que decidió no conceder. “Ella ha pedido cosas que yo no he querido dar, a pesar de que hace parte de mi partido. No soy así. Sé que es volver un gobierno criminal”, afirmó. Luego añadió: “Y otros han hecho lo mismo”.

En ese sentido, el presidente Gustavo Petro aseguró que buscará que esas solicitudes queden consignadas formalmente ante la Corte Suprema de Justicia.

“Quiero que mis ministros confiesen bajo gravedad de juramento ante la Corte Suprema de Justicia qué peticiones exactamente pedían y se desarrolle un proceso para convencer al Congreso de Colombia que estábamos bajo una extorsión que yo no creí, no acepto”, puntualizó.

Corte también investigará a Gloria Arizabaleta

La declaración del presidente Petro se suma a la apertura de una investigación preliminar contra la congresista Gloria Arizabaleta por parte de la Corte Suprema de Justicia.

El caso fue recibido por la Sala Especial de Instrucción y repartido al magistrado Misael Rodríguez, que se activó tras la denuncia interpuesta por el abogado Luis Felipe Henao.

La diligencia ya tuvo una primera actuación material. En la mañana del 11 de junio de 2026, funcionarios del tribunal hicieron una inspección judicial en la oficina de Arizabaleta en el Congreso de la República.

Antes de la decisión de la Corte, la Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente a la representante a la Cámara Gloria Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico y presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación, por los hechos denunciados. La medida estará vigente hasta el 20 de julio de 2026 y le impedirá terminar su actual periodo en el Congreso.

La razón central de esa decisión fue el auto de sustanciación No. 002, suscrito el 10 de junio de 2026, con el que Arizabaleta decretó la medida cautelar de suspensión provisional del presidente Petro de manera individual, “sin tener competencia para hacerlo y sin acreditar el análisis de los requisitos exigidos para una decisión de ese tipo”, según lo establecido por el Ministerio Público.