Procurador evalúa la apertura de investigación en caso de presunta compra de votos a favor de candidato del Partido Conservador

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la captura de Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al secretario de la Cámara de Representantes, del Partido Conservador, Jaime Luis Lacouture.

Luego de su participación en el Foro de Garantías Electorales de la Contraloría General de la República, el jefe del Ministerio Público expresó que no descarta la apertura de una investigación sobre el caso, aunque señaló que por el momento no cuenta con información oficial preliminar.

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Eljach afirmó que, al tratarse de un servidor público, resulta procedente evaluar si amerita una indagación formal. “Hasta ahora nadie lo ha mencionado como autor de esa conducta. Se sabe que un señor en una camioneta, parece conductor de un carro oficial, fue encontrado con una plata que no había explicado de dónde salía, pero no se sabe quién haya sido el que esté detrás”, declaró el procurador. Y advirtió que prefiere no señalar a ninguna persona hasta que existan pruebas claras.

La captura de Luis Alfredo Acuña Vega ocurrió en Hatonuevo (La Guajira) durante un operativo contra la compra de votos, en vísperas de la jornada electoral prevista para el domingo 8 de marzo.

Según informaron El Tiempo y Caracol Radio, Acuña se movilizaba en una camioneta Toyota Corolla en la que transportaba $145 millones en efectivo y propaganda política a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador Colombiano. El director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la detención y precisó que el vehículo no pertenece a la entidad. Rodríguez indicó que desde la Presidencia existe la orden expresa de rastrear delitos electorales.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al caso en su cuenta oficial de X. Señaló que la Policía Nacional tiene la instrucción de capturar a quienes sean compradores de votos y ponerlos a disposición de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. El jefe de Estado afirmó que la compra de votos facilita que organizaciones criminales se apropien del Estado.

“La Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, dijo puntualmente.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, detalló que la detención se produjo en la vía Distracción–Cuestecitas. El dinero fue hallado oculto en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, junto a propaganda política. Según Rincón, fueron capturadas dos personas en el procedimiento y el dinero estaría destinado a la compra de votos.

En Colombia, los delitos electorales están tipificados en el Código Penal y regulados por la Ley 1864 de 2017. Entre las conductas sancionadas se encuentran la perturbación del proceso electoral, el constreñimiento al sufragante, el fraude, la compra y venta de votos y la financiación ilícita de campañas. Las penas varían entre cuatro y nueve años de prisión y pueden alcanzar los 12 años en casos agravados. Los servidores públicos implicados en estos delitos enfrentan agravantes y pueden ser inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Procurador pidió la paz electoral para el domingo 8 de marzo

Durante su intervención en el Foro de Garantías Electorales de la Contraloría General de la República, el procurador destacó que las elecciones y el acto de votar constituyen la esencia de la democracia moderna.

“Tiene que ser, ya lo han anotado aquí con precisión: libre, transparente y con seguridad. Seguridad para el elector, para los jurados, para los testigos electorales, para todo el recurso humano de las entidades que participan del control y vigilancia, incluida la Registraduría”, sostuvo Eljach. Durante el evento, invitó a impulsar la consigna de la “Paz electoral” y confirmó que actualmente existen 38 investigaciones abiertas por participación indebida en política, con eventuales medidas cautelares en trámite.