
Crece la polémica en Colombia tras conocerse que Luis Alfredo Acuña Vega, escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignado al esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, fuera detenido por la Policía Nacional en el municipio de Hatonuevo, departamento de La Guajira.
Según la información oficial, la captura se produjo en la tarde del lunes 2 de marzo de 2026, cuando el hombre fue sorprendido con 145 millones de pesos en efectivo, repartidos en sobres marcados con nombres de municipios y acompañado de propaganda electoral, en un caso que expone los mecanismos y riesgos asociados a la compra de votos en Colombia.
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Ante esta situación, varios actores políticos del país se pronunciaron frente a los hechos, en su mayoría, rechazando que se conozcan nuevos episodios de aparente compra de votos para las campañas electorales.

Ese fue el caso de Gustavo Bolívar, exsenador y exdirector de Prosperidad Social que, por medio de su cuenta de X, lo calificó como una “desgracia eterna” y recordó que no es la primera vez que se haya descubierto este modus operandi para los comicios legislativos en el país.
“Desgracia eterna. Más de la mitad del Congreso se elige comprando votos”, escribió el excongresista del Pacto Histórico en sus redes sociales.
Así mismo, recomendó a la ciudadanía que se fijen en las propuestas y antecedentes de cada candidato, con el propósito de que, en palabras del exfuncionario, no puedan cambiar de bando político tras ser elegidos democráticamente.
“Pésimo negocio para el pobre que vende su voto. El corrupto que se lo compra luego se opone a las reformas sociales que lo pueden sacar de la miseria”, afirmó.

La declaración de Bolívar se suma a la realizada por el presidente Gustavo Petro que, por medio de la misma plataforma digital, ordenó a la Policía Nacional intensificar la lucha contra la compra de votos en el país y exigir la captura de quienes incurran en estos delitos.
“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
A su vez, el mandatario subrayó que prácticas como la compra de votos amenazan el sistema democrático y contribuyen a la corrupción estatal. “La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”, agregó.

Detalles del caso
El procedimiento se realizó sobre la vía Distracción–Cuestecitas (La Guajira, norte de Colombia), donde las autoridades interceptaron una camioneta de marca Toyota en la que los detenidos transportaban siete sobres con dinero en efectivo.
El director de la Policía Nacional, William Rincón, explicó que, además de los sobres conteniendo el dinero, el vehículo llevaba propaganda política a favor del candidato al Senado Daniel Restrepo, quien actualmente es representante a la Cámara por el Partido Conservador.
Rincón precisó que los sobres estaban identificados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que apuntaría a una estructura premeditada para distribuir los fondos y, potencialmente, para ejecutar delitos electorales.
“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales”, declaró el alto oficial en su cuenta de X
El director de la Policía añadió que la institución mantendrá el despliegue de capacidades para preservar la legalidad del proceso. “La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”, sostuvo.

Entre tanto, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, confirmó la captura a Caracol Radio W y subrayó que el automóvil utilizado para el transporte del dinero no pertenece a la entidad de protección.
De otro lado, el candidato al Senado Daniel Restrepo (Partido Conservador) desestimó cualquier vínculo de su equipo con la operación y denunció la intención de perjudicar su imagen pública de cara al proceso electoral.
“No tenemos ningún conocimiento ni participación en los hechos mencionados. Nos tomó por sorpresa la noticia y no existe vínculo operativo entre estas acciones y nuestro equipo de trabajo (...) tanto el dinero como el vehículo involucrado son de carácter estrictamente particular. No se trata de recursos de campaña ni de bienes públicos del Estado”, señaló el actual congresista en un comunicado.

Según lo estipulado en el Código Penal colombiano, los delitos electorales están tipificados con sanciones para conductas que atenten contra la transparencia y la legalidad del proceso electoral.
Entre los principales delitos figuran la perturbación de procesos electorales, el constreñimiento al sufragante, el fraude electoral, la compra y venta de votos y la financiación ilícita de campañas.
Las penas varían de acuerdo con la gravedad del hecho. Manipular el proceso —por ejemplo, alterando el desarrollo de unas elecciones— puede implicar penas de prisión de 4 a 9 años y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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