Corte Suprema acusó al contralmirante en retiro Ricardo Hurtado de liberar a detenidos con 530 kg de cocaína y destruir pruebas

Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó imputación formal de cargos contra el vicealmirante en retiro José Ricardo Hurtado Chacón por su presunta participación en la liberación irregular de tres personas capturadas en un operativo contra el narcotráfico en 2015, así como por la supuesta destrucción de documentos oficiales y la elaboración de informes con información falsa para obstaculizar la acción judicial.

La diligencia se cumplió ante la Sala de Primera Instancia del alto tribunal, competente para investigar y juzgar a altos funcionarios aforados.

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Según la exposición del ente acusador, las conductas atribuidas al oficial retirado estarían relacionadas con un procedimiento adelantado el 29 de noviembre de 2015 en aguas del Golfo de Morrosquillo, donde fue interceptada una lancha tipo go fast que transportaba más de media tonelada de cocaína.

Operativo y captura

De acuerdo con la investigación, la operación fue ejecutada por unidades de la Armada Nacional de Colombia, con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana.

Durante el procedimiento fueron incautados 530 kilogramos de clorhidrato de cocaína y capturados en flagrancia un ciudadano hondureño y dos colombianos que, según las autoridades, se dirigían hacia Centroamérica.

Sin embargo, al día siguiente del operativo, Hurtado Chacón —quien para la época se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N.° 73, con sede en Urabá— habría impartido una orden verbal para dejar en libertad a los detenidos, pese al hallazgo del cargamento ilícito.

La Fiscalía sostiene que esa instrucción incluyó la destrucción de los documentos que respaldaban las capturas y la elaboración de nuevos informes en los que se omitía información clave sobre los tripulantes de la embarcación interceptada.

Presunta alteración del procedimiento

El expediente señala además que el entonces oficial habría permitido la intervención de un capitán de la Policía Nacional de Colombia en calidad de policía judicial, desplazando de esa función a los uniformados navales que participaron en la incautación.

Para el ente acusador, esta decisión afectó la cadena de custodia del material probatorio y comprometió la validez del procedimiento judicial. Según la tesis fiscal, la supuesta maniobra tuvo como finalidad evitar que se formalizara el proceso penal por tráfico de estupefacientes contra los capturados.

En la audiencia de imputación, el delegado de la Fiscalía indicó que los informes presuntamente alterados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación como soporte oficial del procedimiento.

Esos documentos, de acuerdo con la acusación, contenían falsedades y omisiones orientadas a inducir en error al fiscal del caso sobre la totalidad de los hechos ocurridos durante el operativo marítimo.

El representante del ente investigador sostuvo que la presentación de dichos reportes constituyó un medio fraudulento idóneo, al tratarse de documentos públicos que habrían sido elaborados bajo instrucciones directas del entonces comandante.

Los cargos formulados

Con base en los elementos materiales probatorios recaudados, la Fiscalía imputó a Hurtado Chacón los delitos de prevaricato por acción agravado, destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Las conductas fueron atribuidas en modalidad continuada, al considerar que no se trató de un hecho aislado sino de una secuencia de actuaciones encaminadas a un mismo propósito.

Durante la diligencia, el vicealmirante en retiro manifestó que no acepta los cargos formulados en su contra, por lo que el proceso continuará su curso ante la Corte Suprema, que deberá definir si existe mérito para avanzar hacia la etapa de juicio.

Para el momento de los hechos, Hurtado Chacón dirigía la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N.° 73 de la Armada, unidad encargada de operaciones estratégicas contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas en la región de Urabá y zonas costeras del Caribe.

Actualmente, el oficial en retiro ocupa el cargo de subdirector en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), circunstancia que ha generado atención adicional sobre el caso debido al alcance institucional de su posición.

La Fiscalía argumenta que la gravedad de los hechos radica no solo en el volumen del cargamento incautado, sino en el presunto uso indebido de la estructura institucional para favorecer intereses particulares y frustrar la acción de la justicia.

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