Un batallón fluvial de la Armada Nacional fue blanco de un ataque con drones cargados de explosivos en el municipio de Timbiquí, Cauca, dejando un militar herido y generando alarma entre las autoridades regionales y nacionales.
Según un comunicado oficial de la Armada Nacional conocido por Semana, “un tripulante de la Institución Naval resultó herido por esquirlas de granada. No obstante, recibió atención médica inmediata por parte del personal de sanidad militar y actualmente se encuentra fuera de peligro, presentando heridas leves”.
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El ataque fue perpetrado con dispositivos aéreos no tripulados lanzados de manera sorpresiva contra el puesto de control militar, causando daños materiales en la infraestructura, lo que evidencia la capacidad destructiva de estos artefactos.
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La región de Timbiquí, estratégica por sus rutas fluviales y salida al mar, es disputada por grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y minería ilegal, quienes han recurrido al uso de drones como nueva modalidad de ataques contra la fuerza pública.
Tras el ataque, la Armada Nacional ha intensificado patrullajes y operativos de vigilancia, con el objetivo de neutralizar posibles nuevos lanzamientos y capturar a los responsables.
La institución aseguró que continuará desarrollando operaciones ofensivas y sostenidas contra los grupos armados organizados residuales, invitando a sus integrantes a someterse a la justicia y acogerse a los beneficios legales, contribuyendo así a la seguridad y estabilidad en el territorio.
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Las autoridades locales han expresado su preocupación por la seguridad de la población civil, ya que estos ataques suelen realizarse cerca de zonas habitadas, aumentando el riesgo de daños colaterales y víctimas inocentes.
Contexto de amenazas y antecedentes recientes
Recientemente, un ataque con dron sobre una vivienda en Segovia, Antioquia, dejó tres muertos y una persona gravemente herida. La Corporación de Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste) informó que los fallecidos fueron Yalusan Cano Silva, Alonso de Jesús Silva y María Cecilia Silva Silva, mientras que la víctima herida fue trasladada a Medellín debido a la gravedad de sus lesiones.
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Estos hechos son atribuidos al frente 36 de las disidencias de las Farc, que delinquen en la región y han intensificado la siembra de terror mediante artefactos explosivos aéreos.
Autoridades regionales en alerta máxima
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciaron estar en la mira del frente 36 de las disidencias de las Farc, tras la detección de sobrevuelos de drones realizando labores de inteligencia cerca de la hidroeléctrica de Hidroituango.
Debido a estas amenazas, ambos mandatarios cancelaron una visita programada al proyecto Hidroituango, prevista para este lunes, a la que estaban invitados más de cien periodistas. Además, anunciaron que interpondrán una denuncia por violación del Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, atribuyendo el ataque al Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) E30 Jhonier Toro Arenas.
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Operaciones y sometimientos recientes de la Armada
Días antes del ataque, la Armada Nacional había informado que tres presuntos integrantes del GAO-r “Jhonier Toro Arenas” se sometieron voluntariamente a la justicia en el municipio de El Charco, Nariño. Los individuos, conocidos con los alias de “Juan”, “Camilo” y “Samir”, entregaron material de guerra, intendencia y una embarcación, y manifestaron su intención de abandonar las armas y acogerse a la legalidad.
Según información de inteligencia, alias “Samir” habría participado en la planificación de artefactos explosivos improvisados (AEI) usados en ataques previos contra el Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, ocurridos el 10 y 12 de junio de 2025 en Timbiquí y Guapi, respectivamente.
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Durante el procedimiento, fueron entregados dos fusiles, una pistola, 715 cartuchos calibre 5.56 mm y 16 proveedores, además de una embarcación tipo canoa con motor fuera de borda, todo a disposición de las autoridades para procesos judiciales.
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