Revelan interrogatorio secreto de Emilio Tapia sobre supuestas coimas a la exministra Karen Abudinen por Centros Poblados: “Acá hay 600 millones″

Aunque han pasado más de cinco años desde que el país conoció el polémico caso de corrupción en el Ministerio de las TIC, entonces liderado por la exministra Karen Abudinen, durante el gobierno de Iván Duque, se siguen conociendo nuevos detalles de los testimonios entregados por Emilio Tapia a la Fiscalía General de la Nación.

En la mañana del lunes 2 de marzo salió a la luz el interrogatorio que dio el polémico contratista, actualmente bajo libertad condicional, en torno al escándalo por el caso Centros Poblados.

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Durante su intervención ante el ente acusador, en 2021, Tapia involucró a la exministra Karen Abudinen y señaló la intervención de supuestos intermediarios en la adjudicación del contrato de conectividad escolar por más de un billón de pesos.

Mientras Tapia aseguraba que su estructura ganó el proceso mediante presuntas maniobras, tanto Abudinen como otros aludidos niegan todas las acusaciones.

En su testimonio ante la Fiscalía, revelado por la revista Cambio, Emilio Tapia implicó a la exministra y a intermediarios identificados como Hugo Buitrago y un personaje apodado “El Guajiro” en presuntas gestiones orientadas a direccionar la adjudicación del contrato público.

Tapia señaló que estas personas desempeñaron funciones clave, aunque todos han rechazado cualquier relación y, hasta el momento, ninguna autoridad ha presentado pruebas concluyentes en su contra. La Fiscalía mantiene la investigación y no ha imputado cargos por estos hechos.

Durante el interrogatorio, efectuado en noviembre de 2021, Tapia explicó que, según su relato, Hugo Buitrago ejerció como lobista ante la exministra Abudinen para lograr el fraccionamiento del contrato de conectividad escolar, valorado en $1.072.552.301.405.

Tapia sostuvo que Buitrago facilitó reuniones y contactos con la exfuncionaria con el objetivo de obtener términos favorables. También mencionó la existencia de gestiones fallidas de “El Guajiro” con la madre de la ministra.

“Como este proyecto de centros digitales del Mintic no era de mi principal interés cuando me lo plantea el señor Juan Carlos Cáceres, él me dice que el proyecto es un solo contrato por 2.3 billones de pesos, pero que había que hacer una gestión para que el proyecto se dividiera en tres o cuatro grupos, porque de esa manera era más tranquila la adjudicación, no iba a tener muchos ojos encima”, señaló el polémico contratista a la Fiscalía.

Según Tapia, existió un acuerdo interno para repartir beneficios entre los intermediarios si se ganaba la licitación. Describió que Buitrago garantizó su influencia tanto con la ministra como con el exprocurador Fernando Carrillo, aunque este último niega cualquier reunión o conocimiento de los implicados.

El contrato de conectividad escolar y las maniobras según Tapia

El proceso de licitación se remonta a 2020, periodo en el cual el Ministerio de las TIC modificó los términos de la convocatoria, pasando de un solo lote a dos, resultado que Tapia atribuye a gestiones de Hugo Buitrago.

Tapia explicó que su socio Juan Carlos Cáceres propuso dividir el proyecto, lo cual permitiría, según su estrategia, minimizar los controles sobre el proceso de adjudicación.

“Buitrago me dijo que eso podía hacerlo y que debe hacer la gestión para lograr eso y yo le confirmo que eso sería ideal y él me dice que eso lo puede lograr directamente con la señora ministra (…) y que él hacía la tarea con la ministra porque él tenía una comida en la casa de la ministra”, señala el testimonio del contratista obtenido por la revista Cambio.

Con el cambio, Tapia y Cáceres acordaron repartirse las zonas: si solo ganaban una, compartirían el beneficio a partes iguales. Tapia afirmó que el grupo de Buitrago colaboró en la elaboración de propuestas y en la organización de reuniones con Karen Abudinen y otros funcionarios, como Fernando Carrillo.

La celebración tras la adjudicación del contrato tuvo lugar en la oficina de Emilio Tapia y, posteriormente, en un restaurante de Bogotá, de acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía y recopilado por Cambio. Juan Carlos Cáceres coincidió en la existencia de la celebración y el acuerdo, pero evitó confirmar la presencia de Buitrago.

Los interrogatorios apuntarían a un pacto privado para dividir al 50% las utilidades derivadas del contrato. Al concretarse la adjudicación, surgió una disputa interna por los pagos.

El supuesto lobista Hugo Buitrago habría reclamado la mitad del contrato por su presunta gestión, mientras Cáceres sugería un porcentaje menor.

“Cuando ya empieza la ejecución del contrato Juan Carlos Cáceres Bayona me dice que no se le puede dar el 50% del contrato (...) entonces Hugo se disgustó y dijo que él no era un comisionista y que él entonces iba a formar un problema con la ministra y con el procurador, después de esto llegamos a un acuerdo que se le iba a dar 100 mil millones en ejecución”, declaró el contratista en su momento.

Tapia relató que finalmente se prometieron a Buitrago 100.000 millones de pesos en la ejecución del contrato, con un primer abono de 10.000 millones por su papel de intermediario.

Esta situación habría generado presiones y desacuerdos, especialmente cuando Buitrago aludía a compromisos adquiridos con la ministra y otros actores citados.

“Entonces Hugo decía que si solo le daban 5 mil millones qué le iba a dar a la ministra y a todos los compromisos que él había adquirido, que si no le daban lo que estaba pidiendo él iba a donde la ministra y le decía que esos manes, es decir, nosotros, no estaban colaborando y que nosotros nos teníamos que atener a las consecuencias”, reposa en el testimonio de Tapia.

La controversia se habría mantenido tras el desembolso del anticipo de 70.243 millones de pesos, y Tapia sostiene que la falta de liquidación de los compromisos provocó tensiones.

“Pero él me dijo que mejor ese pago de los 10 mil millones se hiciera durante este año, pero que el primer pago tenía que ser de 2.000 millones para poder él darle el compromiso con la ministra; él nunca me dijo cuanto era ni cómo era, porque eso era un acuerdo que supuestamente Hugo había hecho con la ministra”, señaló.

De hecho, el supuesto intermediario habría amenazado a Tapia y su socio con acusarlos ante la exministra por incumplirles con las presuntas coimas exigidas por Abudinen, aunque finalmente no se dio ningún pago ante el estallido del escándalo.

“Yo le dije a Hugo que aún no nos habían pagado el anticipo y que teníamos problemas con el manejo de los dineros, entonces él me dijo que le ayudara con mil millones, yo le dije que yo podría hacer un esfuerzo personal, pero que no podía ser menos de mil porque él tenía que ir donde Karen y decirle, mire acá hay 600, pero a los pocos días fue que se estalló el problema y por esto no le entregué ningún dinero”, señaló Tapia a la Fiscalía.

Entretanto, todos los aludidos, incluida la exministra Karen Abudinen y el exprocurador Fernando Carrillo, rechazaron enérgicamente los señalamientos de Tapia.

Abudinen, a través de su abogado, calificó sus declaraciones como falsas y advirtió que no conoce ni a Tapia ni a Buitrago. “Se trata de declaraciones falsas de Emilio Tapia, a quien ella no conoce y tampoco le gustaría conocer. Tampoco conoce a quien en esos fragmentos aparece mencionado como Hugo Buitrago. Se trata de afirmaciones que hacen parte de la misma infamia que se ha querido construir en su contra”, señaló el defensor de Abudinen a Cambio.

Las averiguaciones respecto a los supuestos intermediarios continúan, sin que la Fiscalía haya presentado cargos. Por su parte, la Procuraduría y la Contraloría absolvieron a Abudinen de toda responsabilidad administrativa en el caso, de acuerdo con los análisis realizados.

A finales del año anterior, la Fiscalía adoptó una medida cautelar sobre un apartamento de Abudinen, al considerar que, como responsable del gasto público, debía velar por la gestión correcta de los recursos.

Pese a que persisten interrogantes, hasta el momento la exministra Karen Abudinen no ha sido vinculada formalmente como autora o partícipe en el escándalo de Centros Poblados. Su defensa sostiene que todas las afirmaciones en su contra carecen de sustento y buscan desacreditarla.