
La auditoría del software electoral en Colombia ha sido objeto de cuestionamientos por parte de Gustavo Bolívar, exsenador y figura del movimiento Pacto Histórico, quien calificó el proceso como una “farsa” que deja abiertas dudas sobre la transparencia y la seguridad en los comicios.
Según Bolívar, las condiciones actuales no garantizan una revisión efectiva del sistema, lo que genera inquietudes en torno a la integridad de los resultados y la confianza ciudadana.
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En su más reciente columna de opinión, Bolívar señaló que la auditoría oficial al software se limita a tres días en los que los partidos solo pueden observar, sin acceso a realizar pruebas técnicas ni auditar el código.
“El ingeniero o los dos que van por cada partido no pueden ingresar nada, absolutamente nada a la exhibición, no pueden hacer pruebas”, advirtió el exsenador.
Sostuvo que este procedimiento impide detectar irregularidades y limita las posibilidades de verificar si el software que se audita es el mismo que operará durante la jornada electoral.

Para Bolívar, el sistema electoral colombiano ha presentado vulnerabilidades históricas. Recordó que “las altas cortes han anulado elecciones, cancelado credenciales, ordenado nuevos escrutinios y restituido curules”, y que las irregularidades ya forman parte del panorama judicial.
Citó decisiones del Consejo de Estado, como la devolución de curules al Partido MIRA en 2018, tras hallarse inconsistencias en los escrutinios de 2014, y mencionó que “el Estado no cuenta con un software propio para garantizar unas elecciones limpias y transparentes”, sino que alquila el sistema a la firma Thomas Greg and Sons.
El exsenador también se refirió al caso penal de Aída Merlano, quien fue condenada por compra masiva de votos en 2018 y cuya investigación documentó mecanismos de manipulación electoral.
Además, relató que en 2022 el Pacto Histórico recuperó cuatro curules en el Senado gracias al trabajo de testigos y abogados, tras detectar inconsistencias en el conteo inicial.

Sobre el proceso técnico, Bolívar afirmó que una auditoría forense requiere acceso completo al código fuente, revisión independiente, verificación del software ejecutado en la elección, análisis de vulnerabilidades y pruebas en diferentes escenarios.
“El nuestro es obsoleto, hecho en un Java viejo, pasado de moda”, aseguró sobre el sistema utilizado actualmente.
Bolívar cuestionó la contratación directa de una firma internacional para la auditoría y señaló que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (Iidh), seleccionado para esta tarea, carece de experiencia acreditada en auditoría forense y revisión de código fuente. “No puede ser esta empresa la columna vertebral de la democracia nacional en unas elecciones tan sensibles”, expresó.
Advirtió sobre la imposibilidad de realizar una auditoría exhaustiva en el tiempo y condiciones planteados por la Registraduría. “En tan poco tiempo, con tan pocas personas y sin herramientas es imposible”, sostuvo, y planteó el riesgo de que los códigos fuente puedan modificarse entre la revisión y la jornada electoral.
Bolívar también reportó que la publicación de los formularios E-14 en la web se realiza sin incluir metadatos, lo que dificulta la trazabilidad y la detección de eventuales alteraciones. Explicó que la ausencia de estos datos incrementa la vulnerabilidad del proceso. Además, criticó la instrucción de dejar espacios en blanco en los formularios E-14, lo que, a su juicio, facilita manipulaciones en zonas de riesgo electoral.
En relación con la responsabilidad ciudadana, Bolívar resaltó que “cuidar las elecciones no es solo tarea del gobierno. No es solo tarea de la oposición. Es tarea de todos”.
Reconoció la falta de una estructura sólida en el Pacto Histórico para la defensa del voto y comparó la situación con la estrategia implementada por Morena en México, donde se conformó una base de datos de testigos electorales con la colaboración de ingenieros.
El exsenador enfatizó que la exigencia de garantías tecnológicas no corresponde únicamente a un partido, sino a todos los actores políticos. Sostuvo que la vigilancia social y la apertura institucional son elementos fundamentales para construir confianza en los resultados y preservar la legitimidad del sistema democrático.
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