Una estación de gasolina en Ituango, municipio ubicado en el norte de Antioquia, permanece cerrada después de que, según reportaron autoridades, fuera objetivo de un ataque con explosivos lanzados desde un dron, acción atribuida a disidencias de las Farc presuntamente vinculadas al Frente 18.
La agresión ocurrió tras la negativa del administrador del establecimiento a pagar una exigencia económica, en medio de una escalada de extorsiones contra empresarios del sector en la región. El hecho, que no dejó víctimas ni heridos, motivó la intervención de unidades de la Policía Nacional
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Los agentes confirmaron el hallazgo de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la estación, el cual fue destruido de manera controlada. El administrador había recibido amenazas mediante llamadas y mensajes, en las que le exigían $15 millones como cuota inicial y un pago mensual de un millón para evitar atentados.
Este suceso forma parte de una serie de intimidaciones atribuidas a las disidencias de las Farc en el departamento, donde grupos armados mantienen una confrontación activa por el control territorial.
Extorsión y amenazas afectan la economía local
De acuerdo con la denuncia presentada por el administrador, las amenazas aumentaron después de que rechazó el pago exigido, lo que generó temor entre los empleados y habitantes de Ituango
La empresa Serviteca Chapineros, administradora de la estación, anunció el cierre indefinido de operaciones a través de un comunicado oficial. En el texto, la firma lamentó los inconvenientes para sus clientes y justificó la decisión como una medida para proteger al personal y usuarios.
Es preciso mencionar que, la interrupción del servicio de combustible afectó a distintos sectores del municipio y provocó preocupación entre comerciantes y residentes, que temen que estos actos violentos se repitan. La situación deterioró la tranquilidad de la comunidad y repercute en la economía local.
Las autoridades, por su parte, manejan como principal hipótesis la participación de miembros del Frente 18 de las disidencias, bajo el mando de alias Ramiro —identificado en el entorno armado como Rogelio Guerrero— y de alias Johan, señalado como segundo al mando. Se investiga la posible intervención de alias Yomer y alias Arley en la ejecución del ataque, información que permanece en proceso de verificación por las autoridades competentes.
Uso de drones y contexto de violencia regional
El ataque en Ituango se suma a otros incidentes recientes en el norte y nordeste de Antioquia, donde se registraron agresiones similares con drones armados. Solo en los últimos 22 meses, las autoridades documentaron 418 ataques con explosivos lanzados desde drones en el país.
La modalidad se extendió en medio de la confrontación entre grupos armados ilegales, como las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, así como otros actores que se disputan el control de rutas y economías ilícitas. El Frente 18 es señalado como aliado estratégico de alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias.
Recientemente, otra acción con drones tuvo lugar en la vereda La Jagua, municipio de Segovia, donde la explosión de un artefacto lanzado desde el aire causó la muerte de tres civiles y el desplazamiento de más de decenas de familias.
Respuesta institucional y refuerzo de la seguridad
Frente a la serie de incidentes, la Gobernación de Antioquia anunció la compra de cinco sistemas antidrones, financiados con recursos de la Tasa de Seguridad. El secretario de Seguridad departamental, Luis Eduardo Martínez Guzmán, precisó que los equipos comenzarán a operar a finales de marzo, tras superar los trámites administrativos con el Ejército Nacional.
Las autoridades locales y nacionales realizaron un consejo de seguridad en Ituango con el objetivo de coordinar acciones para contrarrestar la actividad de los grupos armados ilegales. La Policía Nacional mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables del ataque con dron y de las amenazas extorsivas, al tiempo que refuerza los operativos en la zona.
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