Exfiscal Luis Gustavo Moreno recusó a la jueza 38 de Medellín, que tiene a su cargo el caso Metroparques: este es el motivo

La defensa de Álvaro Villada presentó una recusación formal contra la jueza 38 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, en el proceso judicial que investiga los hechos asociados a Metroparques Medellín y el Parque de las Aguas. El equipo representante de Villada, liderado por el exfiscal Luis Gustavo Moreno, fundamentó la solicitud en la supuesta afectación al principio de imparcialidad judicial debido a la intervención previa de la togada en el caso.

En efecto, el equipo de abogados de Villada indicó que la jueza ya había intervenido en el caso al otorgar legalidad al principio de oportunidad concedido por la Fiscalía a Laura Mejía Higuita, que figura como la principal testigo de cargo. Según lo explicó el letrado Kevin Alejandro Giraldo, la participación previa de la jueza en el proceso podría poner en entredicho su objetividad, siendo este un requisito indispensable para garantizar la igualdad procesal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La garantía constitucional de imparcialidad exige no solo ausencia de sesgo real, sino también que no exista duda razonable sobre la objetividad del juzgador”, reiteró la defensa. Esto se suma a que Mejía Higuita, que confesó delitos vinculados a los hechos investigados, ocupa actualmente un cargo en la Contraloría General de Antioquia; por lo que la defensa advirtió que su posición le permitiría acceso a información sensible y la posibilidad de influir o manipular datos.

Otro de los elementos señalados por la defensa es la posible vinculación laboral de Mejía Higuita con el partido político del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, Creemos. “Laura Mejía Higuita habría tenido vínculos laborales con Creemos y vincula este hecho con pronunciamientos públicos que, según la defensa, afectan la presunción de inocencia de los investigados”, agregó el equipo jurídico de Villada, presunto implicado en el caso del Parque de las Aguas.

Defensa de Villada cuestionó reparto judicial y principio del juez natural

A su vez, la defensa de Villada cuestionó que, existiendo más de 50 jueces con función de control de garantías en Medellín, el caso haya sido reasignado al mismo despacho que ya había analizado aspectos centrales del expediente. Así, los abogados a cargo consideran, en consecuencia, que “que esto va en contravía de los tratados internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos (Cidh), que trata acerca del juez natural y la imparcialidad”.

El documento de recusación hace referencia al artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, numeral seis, como soporte jurídico de la solicitud, al resaltar que la jueza previamente participó en valoraciones y emitió conceptos de fondo sobre el proceso. A su vez, La defensa resaltó que la jueza habría efectuado un análisis de elementos materiales probatorios que todavía no han sido conocidos ni controvertidos por las partes.

“Donde hay prueba anticipada, hay descubrimiento anticipado de pruebas. Descubrimiento que no se ha hecho. Hoy se violentan las garantías de nuestro prohijado, Álvaro Villada, mañana puede ser la de cualquier ciudadano. Esto no lo podemos permitir”, indicó Moreno, que precisó este proceder compromete el principio de igualdad procesal y la presunción de inocencia, más aún en un contexto de alta sensibilidad pública donde, según la defensa, “la justicia penal no puede ser instrumentalizada con fines electorales ni convertirse en escenario de confrontación política”.

La representación de Álvaro Villada anunció la activación de todos los mecanismos legales previstos para salvaguardar los derechos fundamentales del procesado. “Se pondrán en conocimiento de las autoridades las presuntas irregularidades y se activarán todos los recursos legales posibles para garantizar el derecho al juez imparcial y la presunción de inocencia”, enfatizó el equipo jurídico del sindicado, que pidió mantenerel proceso “ajustado a la Constitución y a la ley”, y la disposición de informar a las autoridades sobre cualquier irregularidad detectada.