La Defensoría del Pueblo reveló las cifras más recientes sobre la atención de casos de desplazamiento forzado, confinamiento y migración en Colombia durante el inicio de 2026, resaltando la persistencia de una crisis humanitaria que afecta a miles de personas en el país.
El informe destaca que, aunque se han registrado variaciones en el número de casos respecto a periodos anteriores, la problemática persiste y demanda respuestas integrales y sostenibles.
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En diciembre de 2025 se reportaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, que involucraron a 4.680 personas, junto con seis eventos de confinamiento que restringieron la movilidad de 18.450 personas. Estos datos reflejan la magnitud de los desafíos enfrentados por comunidades que, forzadas por la violencia y el conflicto armado, deben abandonar sus hogares y territorios.
La labor de la Defensoría del Pueblo, centrada en la protección de los derechos fundamentales de migrantes, refugiados y desplazados, adquiere relevancia ante la compleja movilidad humana forzada asociada sobre todo a los efectos persistentes del conflicto armado interno. El análisis de los primeros datos de 2026 pone en evidencia las dinámicas regionales y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta.
Durante el primer mes de 2026, Colombia experimentó 12 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 3.409 personas. Aunque la cifra muestra una reducción significativa respecto a enero de 2025 —cuando el fenómeno impactó a 51.627 personas en solo 10 eventos—, la Defensoría advierte que la emergencia humanitaria sigue vigente y requiere recursos financieros y logísticos sostenibles, así como asignaciones extraordinarias para no desbordar las capacidades locales y departamentales.
El departamento del Cauca fue el más golpeado, con 1.250 personas desplazadas, seguido por Norte de Santander (862), Magdalena (627), Antioquia (489), Valle del Cauca (204) y Vichada (22). Para la defensoría dichas cifras demuestran la persistencia de la violencia y el riesgo en diversas regiones, con impacto diferencial sobre mujeres, niños, adultos mayores y comunidades étnicas.
Respecto al confinamiento, la entidad registró siete eventos que restringieron la movilidad de 17.651 personas en enero de 2026, cifra superior al mismo mes del año anterior, cuando se reportaron 17.363 personas afectadas en 10 eventos similares. Los departamentos más afectados fueron Caquetá (5.000 personas), Cauca (3.500), Antioquia (3.163), Norte de Santander (3.000), Putumayo (2.700) y Chocó (288), lo que evidencia que la amenaza a la libre circulación y el acceso a derechos sigue vigente en zonas rurales y fronterizas.
En cuanto a la migración mixta, los movimientos de personas en tránsito irregular —principalmente de nacionalidad venezolana— sumaron 10.277 personas en enero de 2026, lo que representa un aumento del 35% respecto al mismo periodo de 2025. En la frontera colombo-panameña, específicamente en Acandí (Chocó), ingresaron 968 migrantes en flujo inverso, procedentes de diversas nacionalidades.
La Defensoría del Pueblo insiste en la urgencia de priorizar la emergencia humanitaria con recursos sostenibles, asignaciones adicionales y medidas efectivas de prevención y protección.
La entidad le exigió al Gobierno nacional corregir fallas en la aplicación de enfoques diferenciales —poniendo en el centro a niñas, niños, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas—, y disponer de equipos psicosociales para atención individual y colectiva. Además, llama a garantizar la continuidad de las jornadas educativas en zonas afectadas y a atender las Alertas Tempranas emitidas para los municipios y departamentos en riesgo.
A los entes territoriales, la defensoría recomendó la implementación de acciones específicas de prevención y respuesta con enfoque territorial, así como una presencia estatal efectiva en las zonas donde se concentran los hechos de desplazamiento y confinamiento.
En relación con la migración internacional, la defensoría atendió en 2025 a 5.204 connacionales deportados —1.196 mujeres, 3.803 hombres y 205 menores de edad—, principalmente desde Estados Unidos, España y Chile. Frente a las múltiples denuncias sobre maltrato, violencia de género, requisas inapropiadas, condiciones deficientes de alimentación y salud, despojo de pertenencias y trato discriminatorio, la entidad diseñó un Protocolo de Atención y Acompañamiento para garantizar una recepción digna.
De cara a 2026, la Defensoría del Pueblo mantiene la vigilancia sobre las tendencias de desplazamiento, confinamiento y migración, reiterando que detrás de cada cifra hay historias humanas marcadas por la resiliencia y el derecho a vivir con dignidad. Conozca todo el informe hacieno clic aquí.
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