Andi lanzó dura advertencia por aranceles del 50% de Ecuador y alertó golpe a empresas y empleo: “Profunda preocupación”

La relación comercial entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años. Lo que empezó como una decisión arancelaria terminó escalando a un pulso diplomático y empresarial que hoy preocupa a ambos lados de la frontera.

El detonante fue el incremento de los aranceles ecuatorianos a productos colombianos, que pasaron del 30% al 50%. La medida, adoptada en medio de tensiones asociadas a seguridad y lucha contra el narcotráfico en la frontera común, encendió las alarmas en el sector productivo.

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La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) reaccionaron con un pronunciamiento conjunto en el que manifestaron su “profunda preocupación” y advirtieron que este tipo de decisiones “no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias”.

Los gremios reconocieron que la seguridad fronteriza es un asunto “relevante” que exige cooperación constante entre los Estados. Sin embargo, insistieron en que esa agenda no puede desconectarse de la estabilidad económica ni de la integración productiva que ha caracterizado históricamente la relación bilateral. “Consideramos imprescindible resguardar la estabilidad económica y la integración productiva como pilares para el bienestar de las poblaciones de ambos países”, señalaron.

Más allá de la tensión diplomática, el efecto empieza a sentirse en el comercio real. Según los gremios, la escalada ya está afectando los flujos comerciales y la dinámica de distintos sectores productivos, especialmente aquellos que dependen de cadenas regionales de valor en manufactura, agroindustria y bienes intermedios.

La advertencia es directa: “Incrementos arancelarios adicionales podrían intensificar estos efectos, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, así como sobre consumidores y economías locales”.

El temor no es abstracto. Una guerra de represalias arancelarias podría golpear a pequeñas y medianas empresas, frenar inversiones y encarecer productos en ambos mercados. En un contexto regional aún frágil, el comercio bilateral no parece el mejor terreno para dirimir disputas que tienen raíces en otros frentes.

Mientras tanto, el Gobierno colombiano mantiene una postura que combina reciprocidad con cautela diplomática. La ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, confirmó que el país analiza nuevas herramientas dentro del conflicto, aunque todavía no ha decidido si elevará sus aranceles al mismo 50 por ciento.

“Estamos revisando otros instrumentos; hemos instalado una demanda en la CAN que ya fue admitida y también estamos revisando otras subpartidas para imponer aranceles, pero aún no hemos tomado la decisión de sacarlos por el 50 por ciento; estamos en revisión técnica”, explicó la funcionaria.

Colombia ya adoptó medidas bajo el principio de reciprocidad y de “equilibrio económico”, pero Morales fue enfática en que la puerta al diálogo sigue abierta. “En la medida en que ellos los pongan, nuestra actuación será recíproca, pero jamás cerraremos la oportunidad del diálogo”, afirmó.

Un elemento clave en esta ecuación es que la balanza comercial es superavitaria para Colombia frente a Ecuador. En otras palabras, una escalada podría afectar directamente a exportadores nacionales y a comunidades que dependen de ese intercambio.

En su declaración, la Andi y el CEE reiteraron su disposición a aportar desde el ámbito técnico y productivo para encontrar salidas. “La cooperación y la coordinación binacional son herramientas fundamentales para enfrentar desafíos comunes y preservar condiciones de estabilidad regional”, recalcaron.

El mensaje de fondo es claro, el comercio no debería convertirse en un campo de batalla. En una región que todavía enfrenta retos de crecimiento, empleo e inversión, la integración productiva ha sido una de las pocas constantes estables. Hoy, esa estabilidad está en juego. Y aunque la diplomacia aún tiene margen para actuar, el reloj corre para empresas, trabajadores y consumidores que podrían terminar pagando el costo de una escalada que nadie parece querer, pero que ya empezó a tomar forma.