El candidato presidencial Juan Manuel Galán anunció que acudirá a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, para interponer una denuncia contra el presidente Gustavo Petro, el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la exministra Carolina Corcho, en relación con la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia.
Durante su intervención en el debate televisado, Galán respondió a una pregunta sobre qué decisiones adoptaría frente a la situación actual del sector, marcada por dificultades en la operación de las EPS, problemas en la entrega de medicamentos y tensiones financieras en hospitales y clínicas.
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“Voy a ir a La Haya, a la Corte Penal Internacional, a interponer una denuncia por crimen de lesa humanidad contra el presidente de la República (Gustavo Petro) y contra sus ministros de Salud, la ministra Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo, porque lo que han cometido contra la salud de los colombianos es un crimen de lesa humanidad. Donde hay unas víctimas masivas, pero además sistemáticas”, expresó el candidato presidencial.
Posteriormente, agregó: “Por decisiones que han afectado gravemente al sistema de salud, acabando la vida de pacientes vulnerables, incluidos niños con enfermedades huérfanas. Con la salud no se juega”, concluyó el aspirante del Nuevo Liberalismo.
El anuncio del candidato se produjo en medio de la polémica generada por un decreto expedido por el Ministerio de Salud, mediante el cual se establecen nuevas reglas para la operación de las Entidades Promotoras de Salud en los distintos territorios del país.
El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Entre las disposiciones, se limita el número de EPS que pueden operar en un territorio según su cantidad de habitantes. En ese contexto, aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus afiliados a entidades con mayor número de usuarios, como Nueva EPS, Savia Salud y SOS.
En la práctica, esto implica que Nueva EPS, que concentra la mayor cantidad de afiliados en el país y atraviesa una situación financiera compleja, deberá recibir aproximadamente 2,6 millones de usuarios provenientes de otras entidades como Sura y Sanitas.
El decreto establece además que las EPS con menos de un millón de afiliados mantendrán su estado actual. No obstante, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados —entre régimen contributivo y subsidiado— no podrán continuar operando en esos municipios.
Situación financiera y aumento de quejas
La medida ha generado críticas y preocupaciones por parte de asociaciones de pacientes, que advierten sobre las dificultades que enfrenta Nueva EPS para garantizar la prestación de servicios, especialmente a usuarios con enfermedades de alto costo que requieren tratamientos continuos. Dos de los casos mencionados en el debate público son el del niño Kevin Acosta, que falleció por complicaciones relacionadas con la falta de acceso oportuno a su tratamiento; y el de Cecilia Quintero, una adulta mayor que murió frente a otros usuarios que esperaban la entrega de sus medicamentos en un punto de dispensación de la Nueva EPS en Cúcuta.
La situación financiera de Nueva EPS también ha sido objeto de seguimiento por parte de la Contraloría General de la República. Según cifras del organismo de control, la deuda de la entidad creció un 198% entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones.
La Contraloría calificó este panorama como una “inviabilidad estructural”, al señalar que se encuentra en duda la capacidad de la EPS para responder por la atención de más de 11 millones de afiliados en el país.
Los efectos de esta situación también se reflejan en la red de prestadores de servicios, pues un total de 95 instituciones han interpuesto embargos que superan los 2 billones de pesos debido a la falta de pagos por parte de Nueva EPS. De manera paralela, las quejas presentadas por afiliados ante la Defensoría del Pueblo aumentaron un 107% durante 2025, alcanzando 14.603 registros.
La mayoría de los reclamos estuvieron relacionados con retrasos en la entrega de medicamentos e insumos, falta de especialistas, negación de procedimientos previamente autorizados y dificultades en la asignación de citas médicas.
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