La extorsión en Colombia se ha transformado en una amenaza nacional con crecimiento sostenido en la última década. Entre 2014 y 2023, el número de denuncias por este delito aumentó más del 70%, afectando tanto a zonas urbanas como rurales, y dejando de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural.
En un informe investigativo publicado por la Universidad Politécnico Gran Colombiano que se llevó a cabo en más de 1.000 municipios, se expuso cómo la agricultura legal, las características históricas de vulnerabilidad y la reconfiguración criminal han incidido en la expansión de la extorsión.
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Como uno de los factores, mencionaron que el país depende de más de 550.000 familias caficultoras distribuidas en alrededor de 600 municipios.
La caficultura, pilar económico para miles de hogares, ha sido identificada como un objetivo estratégico para grupos armados y redes criminales, que ven en el flujo constante de efectivo y la escasa bancarización en regiones rurales una oportunidad para la imposición de cobros ilegales, afectando a productores, cooperativas y transportadores.
El estudio revela que la extorsión no ha seguido una trayectoria uniforme, puesto que entre 2014 y 2016 se registró una ligera disminución, pero a partir de 2017 el delito repuntó de manera notoria. Este cambio coincide con la desmovilización de las Farc y la posterior reconfiguración del panorama criminal.
Uno de los hallazgos principales del análisis es la reducción de la brecha entre municipios caficultores y no caficultores. En 2015, los municipios con presencia cafetera superaban en 52% la tasa de extorsión frente a los demás. Para 2023, esa diferencia descendió al 9%. Esto sugiere que la extorsión ha alcanzado una distribución casi homogénea en el país, afectando tanto a regiones tradicionalmente cafeteras como a zonas urbanas y municipios sin esa vocación agrícola.
La investigación destaca que el riesgo de extorsión se incrementa cuando un municipio combina vocación cafetera con antecedentes de conflicto armado, especialmente aquellos incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). En estas áreas, el promedio sube en 3,4 casos adicionales por cada 100.000 habitantes. La coincidencia de factores económicos y antecedentes de violencia facilita la presencia de grupos criminales, quienes imponen cobros ilegales y controlan la economía local.
En paralelo, la presencia de cultivos de coca agrava la situación. Estas zonas registran tasas de extorsión superiores en 3,5 puntos respecto a municipios sin cultivos ilícitos. El análisis apunta a una convivencia entre economías legales e ilegales, donde redes criminales consolidan su control mediante infraestructura logística y mecanismos de vigilancia que favorecen la expansión del delito.
A nivel departamental, en 2022 la extorsión alcanzó niveles elevados en Chocó, Guaviare, Meta, Cauca y Arauca. Estos territorios comparten dinámicas de conflicto persistente y baja presencia institucional, lo que ha permitido la continuidad e intensidad del fenómeno extorsivo, incluso en periodos donde otros delitos muestran descensos.
El análisis geoespacial del estudio identificó puntos críticos donde se concentra la superposición de caficultura y altas tasas de extorsión, especialmente en Antioquia, Cauca, Huila, Nariño y áreas del Tolima. En estos municipios, la producción de café convive con niveles elevados de presión criminal, afectando directamente a las familias productoras y a la cadena de valor agrícola.
En contraste, el Eje Cafetero tradicional, conformado por Caldas, Quindío y Risaralda, mantiene tasas de extorsión entre ocho y diez casos por cada 100.000 habitantes, niveles considerados bajos en el contexto nacional.
El estudio también analizó la evolución de otros delitos en relación con la caficultura. Ni el homicidio ni el secuestro muestran asociaciones significativas con esta actividad económica.
En la dimensión social, siete de cada diez caficultores reportan haber recibido llamadas extorsivas, aunque menos del 15% presenta denuncias formales. El temor a represalias y la percepción de ineficacia institucional contribuyen a la normalización de los pagos ilegales, lo que fortalece a los grupos criminales y debilita la cohesión comunitaria.
El análisis internacional evidenció que Colombia supera los 20 casos de extorsión por cada 100.000 habitantes, mientras que en Perú y Ecuador la tasa es inferior a cinco. Esta diferencia se atribuye a la densidad criminal, la falta de control estatal y la persistencia de disputas en zonas rurales productivas.
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