
El juez Séptimo con Funciones de Control de Garantías de Barranquilla dejó libre al concejal Alexis Castillo, que había sido capturado el martes 25 de febrero de 2026 por el delito de violencia intrafamiliar.
La decisión judicial incluye medidas de justicia restaurativa, como tratamiento psicológico y la obligación de presentar disculpas públicas a su expareja, según las delcaraciones de la fiscal que lleva el caso, obtenidas por Semana. El propósito de estas acciones es prevenir que se repitan los hechos mencionados en el proceso.
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Entre las condiciones impuestas, Castillo deberá someterse a terapia psicológica. También se le exige dirigirse públicamente a Silvia Aragón Molina, su expareja, para disculparse.
La Fiscalía solicitó estas medidas, y el juez las respaldó, según detalló el meido mencionado. Las autoridades afirman que esta decisión busca evitar que los incidentes denunciados vuelvan a ocurrir.
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Silvia Aragón Molina, quien tuvo una relación con Castillo, contó que fue víctima de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”. Describió agresiones como golpes, gritos, humillaciones e insultos hacia ella y su familia.

En marzo de 2025, Aragón Molina dijo a Semana que el concejal intentó que el proceso no se hiciera público ni avanzara en la justicia. Afirmó: “En reuniones con los abogados dice que quiere conciliar, que no trasciendan los procesos, que los medios de comunicación no se enteren”.
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La denunciante afirmó que Castillo presentó una excusa para evitar una audiencia en la Comisaría de Familia, retrasando el avance legal. Aragón Molina denunció amenazas constantes y afirmó que Castillo le dijo: “Te voy a quitar la custodia de los niños”. Sin embargo, ella tiene un documento autenticado que le otorga la custodia de sus hijos desde octubre de 2024.
Después de conocerse la orden de captura, Castillo reaccionó en sus redes sociales. Cuestionó la actuación de la fiscalía y explicó que la cita ante las autoridades fue para firmar un documento, no directamente por el proceso judicial.
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“Hoy a un fiscal de aquí en Barranquilla se le dio por decir que yo tengo que presentarme ante las autoridades. Pero no es por el caso, es porque no le llegué a una cita que él me hizo para firmarle un documento de traslado escrito. Yo digo, hombre, fiscal, se le presentó una excusa”, expresó el concejal.

Castillo ha mostrado incomodidad ante la cobertura mediática y defiende que las actuaciones judiciales están más relacionadas con aspectos administrativos que con la acusación principal. El debate sobre las medidas de justicia restaurativa y la respuesta institucional a las denuncias de violencia intrafamiliar sigue en Barranquilla.
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La existencia de una custodia legal a favor de Aragón Molina destaca los desafíos que enfrenta tras las amenazas, mientras trata de garantizar el bienestar de sus hijos en Colombia.
Desde el 2021 habían antecedentes en sus denuncias por violencia contra la mujer
En 2025, Alexis Castillo, realizó una proyecto para sancionar la violencia política contra las mujeres, iniciativa que fue aprobada en primer debate el martes 22 de julio, según informó su oficina de prensa.
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La propuesta contemplaba mecanismos para prevenir y erradicar agresiones en la vida política, garantizando condiciones de respeto y equidad para mujeres en cargos públicos y cuerpos colegiados de elección popular, incluyendo consejeras de juventud, líderes sociales y miembros de juntas de acción comunal, de acuerdo con información detallada por Semana.

El plan buscaba abrir oportunidades y asegurar el ejercicio pleno del liderazgo femenino en la ciudad, evitando el hostigamiento, la persecución y la violencia.
Sin embargo, los antecedentes de Castillo no solo se presentaban con las denuncias de su exespeosa, sino que incluyeron una carta formal enviada en agosto de 2021 por la Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Barranquilla al entonces presidente del Concejo, Samir Radi, tras denuncias presentadas por varias colegas contra Castillo por presunta violencia política.
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Al ser consultada por Semana, Helda Marino, jefa de la Oficina de la Mujer, aseguró: “Un grupo de edilesas expusieron el caso a la oficina por presunta violencia política por parte del aquel entonces edil. Lo que se hizo, teniendo en cuenta que no tenemos competencia, fue realizar la solicitud ante el concejo, quien es la entidad competente, exponiendo los hechos mencionados por las edilesas con el fin de iniciar las acciones correspondientes”.
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