Red de Veedurías pidió que senadora Berenice Bedoya y su fórmula a la Cámara en Antioquia sean sacados de las lista de la ASI

En fuertes acusaciones contra la senadora Berenice Bedoya en la lista del Senado de la Alianza Social Independiente (ASI), y su fórmula a la Cámara en Antioquia, Juan David Flórez, “El Itagüiseño”, la Red de Veedurías de Colombia pidió a esta colectividad política el retiro de ambos aspirantes. Y todo por las aparentes denuncias que involucran a la hoy congresista en presuntos hechos de constreñimiento a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

La organización liderada por Pablo Bustos, que es aspirante a la corporación, advirtió sobre el riesgo de que sea reelegida una congresista sobre la que recae acusaciones de grueso calibre, por su presunta coacción a los que integraron su equipo de trabajo, como lo dijo el abogado Sergio Mesa, y pedir parte de su salario. Además, en su comunicación, la red arremetió contra Ortiz, candidato del partido Alianza Verde, al acusarlo de ejercer el periodismo en favor de interes políticos.

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“La Red de Veedurías de Colombia solicita, o mejor exige, el retiro de la fórmula parlamentaria integrada por la senadora Berenice Bedoya y el candidato a la Cámara Juan David Flórez, quien ejerció un ejercicio periodístico deleznable para apuntalar esta candidatura doble, cuestionada seriamente por designaciones burocráticas y contratos presuntamente ilegales", afirmó Bustos, en relación con los escándalos que sacuden esta junta electoral.

Su demanda va dirigida, en consecuencia, a tomar decisiones frente a la dimensión de las imputaciones. “Situaciones como estas no pueden esperar el examen judicial, que puede tardar mucho tiempo. La sanción debe ser ética y política desde ya esas colectividades y, sobre todo, desde el electorado regional”, explicó Bustos, que relacionó a la candidata con personajes como “Pedro Elías Russi y Plinio Andrés Sáenz, como representante de la Unión Temporal AMCD”, relató.

En efecto, las acusaciones presentadas se sustentan en diferentes denuncias públicas y judiciales que van desde supuestos nombramientos irregulares de familiares hasta contratos directos en obras públicas, al destacar especialmente el proyecto del acueducto de Yarumal, con un monto cercano a los $10.000 millones. Señalamientos con los que Bustos busca que la justicia obre en derecho, pero también la representatividad que entregó dichos avales.

“No podemos esperar que resulten eventualmente electos y que ejerzan como parlamentarios, mientras la justicia decide ‘a paso de tortuga’. Es la ciudadanía la que los debe sancionar, absteniéndose de votar por candidatos seriamente cuestionados”, destacó Bustos, que espera determinaciones concretas en lo expuesto en su denuncia, la cual causó reacciones en las redes sociales. Y un amplio despliegue de los medios de comunicación.

Las denuncias contra Berenice Bedoya, por presuntamente coaccionar a los miembros de su UTL

La controversia en lo concerniente a la senadora Bedoya adquirió un matiz relevante a raíz de la denuncia del abogado Mesa, exasesor de la Unidad de Trabajo Legislativo de Bedoya, que acudió a la Corte Suprema de Justicia para exponer un presunto esquema de coimas vinculadas directamente al entorno de la senadora. Uno de los señalamientos más graves fue el relacionado con la entrega de parte de sus honorarios a familiares de la congresista.

“Fui recomendado por la senadora Berenice Bedoya, quien me ‘condicionó’ a pagar $4 millones a su entonces yerno Sebastián Arboleda Alzate. En julio de 2024, cuando ella decidió apartar a su exyerno y me presionaron para renunciar al contrato, debí comenzar a pagarle a su hija Valeria Bedoya la suma de $2,5 millones”, afirmó el letrado, en declaraciones recogidas por El Colombiano, en las que agregó que su relación laboral se quebró tras negarse a continuar con los pagos.

En diciembre de 2024 y luego de no seguir con los giros mencionados, su vinculación no fue renovada y, en este orden de ideas, se le notificó la decisión por la propia senadora. Así pues, Mesa también señaló la presencia de “asesores fantasma” en el equipo: personas que figuraban en nómina pero no cumplían funciones y denunció presuntos pactos burocráticos, como la obtención de cargos en la Procuraduría de Yarumal a cambio de su voto político.

Por su parte, Flórez, en su defensa, ha afirmado en diferentes medios de comunicación, entre ellos Hora13, haber recibido amenazas después de promover una acción popular que pretende invalidar más de 170.000 comparendos por Pico y placa en la Autopista Sur. Y señaló que las intimidaciones iniciaron tras exponer posibles irregularidades, por lo que trató de sacudirse de la campaña de desprestigio que, según él, se ha llevado a cabo en su contra.