La senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció posibles irregularidades en contratos de Colpensiones y Rtvc por un total de $60.111 millones.
Valencia señaló en su cuenta oficial de X que ambos contratos, destinados a campañas de mercadeo, estrategia comercial y publicidad, habrían presentado adiciones que, según su denuncia, podrían violar el principio de anualidad y la prohibición legal de adicionar más del 50% del contrato.
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Según la congresista, el primer contrato fue adjudicado el 15 de diciembre de 2023, pocos días antes de finalizar el año, y se asignó de manera directa —sin licitación— por $13.804 millones.
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El plazo inicial de ejecución se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que, de acuerdo con Paloma Valencia, constituye la primera presunta irregularidad.
“Colpensiones no tenía por qué ejecutar un contrato de publicidad por más de un año. Amarraron el negocio para comprometer recursos de 2023 y 2024, como si se tratara de una vigencia futura. Esto violaría el principio de anualidad”, afirmó.
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La integrante de la Gran Consulta por Colombia detalló tres adiciones a este contrato: $6.000 millones el 25 de junio de 2024, $11.252 millones el 23 de diciembre de 2024 y $6.300 millones el 29 de agosto de 2025.
Estas ampliaciones llevaron la ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, abarcando recursos de tres años distintos, según las afirmaciones de la senadora Valencia. La candidata presidencial argumentó que la ley solo permite adicionar hasta el 50% del valor inicial del contrato, pero en este caso, la suma superaría el 100%.
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En paralelo, la congresista denunció que Colpensiones firmó un segundo contrato con Rtvc el 16 de julio de 2024, también de forma directa, por $9.795 millones y con un objeto similar: el diseño e implementación de una estrategia de marketing, con ejecución prevista hasta el 30 de junio de 2025. Este contrato también habría recibido una adición que elevó su valor por encima del 100% del monto inicial y se extendió hasta el 31 de diciembre de 2025.
Paloma Valencia sostuvo que la entidad habría suscrito dos contratos prácticamente idénticos y en ejecución paralela, ambos sin licitación, comprometiendo recursos de varios años y con adiciones que superarían el límite legal permitido: “Se les olvidó que el principio de anualidad exige programar los gastos por cada año”, escribió.
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La senadora concluyó su denuncia solicitando a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República investigar con urgencia estos contratos, al considerar que la entidad encargada de proteger las pensiones de los colombianos estaría “despilfarrando recursos en contratos a dedo, sin licitación, con adiciones presuntamente ilegales, con prácticamente el mismo objeto y ejecución paralela durante varias vigencias”.
Colpensiones es la entidad pública encargada de administrar el régimen de prima media en el sistema de pensiones colombiano, mientras que Rtvc es el sistema de medios públicos del país, responsable de la producción y difusión de contenidos audiovisuales y radiales.
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Recientemente, la senadora Paloma Valencia indicó que Colombia sufrió una pérdida cercana a los $2.3 billones durante 2025, cifra que atribuyó a decisiones oficiales que limitaron la producción petrolera. Según Valencia, ese monto equivale al 30% de la emergencia económica actual, citando un informe de Valora Analitik sobre el desempeño del sector en el país.
Valencia señaló que las restricciones impuestas por el Gobierno de Gustavo Petro en el ámbito petrolero, justificadas por la transición hacia energías más limpias, habrían perjudicado la competitividad de la industria y reducido los ingresos fiscales. Desde la oposición, se argumenta que estas medidas tuvieron un impacto negativo en la economía nacional.
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La senadora también planteó que, cuando sectores productivos como el petrolero generan suficientes recursos, no resulta necesario incrementar la carga tributaria para fortalecer el presupuesto estatal. A su juicio, las políticas fiscales recientes afectaron de manera significativa la financiación de proyectos sociales y de infraestructura.
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