La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta urgente por la grave situación humanitaria que se registra en zona rural de Aracataca, en el departamento de Magdalena, tras recientes combates entre los autodenominados Conquistadoras de la Sierra (ACSN) y el Clan del Golfo (autodenominado EGC).
De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos armados se presentaron en la vereda La Fuente, corregimiento Cerro Azul, y aunque a la fecha han cesado, la población campesina continúa expuesta a múltiples riesgos derivados de la presencia de actores armados y la posible existencia de artefactos explosivos en inmediaciones de sus viviendas.
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Al menos 46 familias desplazadas y 63 menores afectados
En el marco del Comité de Justicia Transicional se informó que el censo de personas afectadas sigue abierto. Sin embargo, hasta el momento se ha identificado el desplazamiento forzado de al menos 46 familias, equivalentes a 172 personas, entre ellas 63 niños, niñas y adolescentes.
Además, se reportó que otras familias habrían salido hacia municipios vecinos, mientras que quienes permanecen en la vereda enfrentan graves restricciones a la movilidad.
Según la Defensoría, se han denunciado prácticas contrarias al Derecho Internacional Humanitario, como:
- Retención de teléfonos celulares.
- Restricción del ingreso de mercados.
- Limitaciones al uso de medios de transporte, incluidas motocicletas.
Aunque hasta ahora no se tiene conocimiento de víctimas civiles, la entidad advirtió que la zozobra generada por los enfrentamientos y el riesgo de confinamiento prolongado agravan la situación humanitaria en el territorio.
Riesgo advertido en Alerta Temprana 020 de 2025
La Defensoría recordó que estos hechos evidencian la consumación del riesgo advertido en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida para señalar la existencia de un riesgo alto en la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia.
El escenario de riesgo, según el organismo de control, se configuró por la intensa escalada y disputa por el control de territorios estratégicos entre las ACSN y el Clan del Golfo, dinámica que ha generado afectaciones a la población civil y profundizado la vulnerabilidad en la región.
Llamado urgente a activar el Plan de Contingencia
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades del orden nacional y territorial para que implementen de manera inmediata, integral y efectiva las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana y su respectivo plan de acción.
En particular, solicitó a la administración municipal de Aracataca:
- Activar de manera inmediata el Plan de Contingencia.
- Garantizar la atención humanitaria de emergencia a la población desplazada.
- Solicitar, de ser necesario, el apoyo de la Gobernación y de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Asimismo, pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mantener y fortalecer la atención integral a los niños, niñas y adolescentes afectados por el desplazamiento.
La entidad también insistió en la necesidad de mantener un monitoreo permanente ante la posible reactivación de las hostilidades y el riesgo de nuevas vulneraciones de derechos humanos.
Exhorto a la Fuerza Pública y respeto al DIH
La Defensoría exhortó a la Fuerza Pública a adoptar todas las medidas necesarias, en estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH), para proteger a la población civil y prevenir la intensificación de la crisis.
Entre las acciones urgentes, señaló la necesidad de:
- Coordinar la recuperación y el tratamiento digno de los cuerpos de personas presuntamente combatientes reportados en vías del territorio.
- Adelantar procesos de descontaminación del área de restos de munición y otros artefactos explosivos.
- Priorizar las zonas de tránsito y permanencia de la población civil.
Llamado a los grupos armados
La Defensoría del Pueblo instó a los grupos armados con presencia en el territorio a respetar estrictamente los compromisos asumidos con el Gobierno Nacional, en especial en el marco de la reanudación de acuerdos y espacios sociojurídicos de diálogo.
La entidad subrayó que estos compromisos deben traducirse en conductas inmediatas, reales y verificables, así como en la observancia irrestricta del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo:
- El principio de distinción.
- La prohibición de afectar bienes y personas protegidas.
- El deber de precaución en la conducción de las hostilidades.
Seguimiento permanente a la crisis humanitaria
Finalmente, la Defensoría reiteró que continuará realizando acompañamiento, monitoreo y seguimiento permanente a la situación en Aracataca, en cumplimiento de su mandato constitucional de proteger y garantizar los derechos de la población civil afectada por el conflicto armado.
La alerta pone de nuevo en evidencia la fragilidad de las comunidades rurales en zonas estratégicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde la disputa territorial entre estructuras armadas sigue generando desplazamientos, restricciones y temor entre la población campesina.
La situación humanitaria en Aracataca continúa en desarrollo, mientras las autoridades avanzan en la actualización del censo y en la atención de las familias desplazadas.
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