Dos de las principales universidades públicas de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y la Universidad Surcolombiana, se encuentran en un enfrentamiento jurídico y administrativo de enormes proporciones, tras la adjudicación de un convenio interadministrativo del Ministerio de Transporte a la Unad para operar los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale) en todo el país.
El contrato, que se extiende por 20 años, podría involucrar el manejo de 20 billones de pesos, generando un flujo económico sin precedentes dentro del sistema universitario público.
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El origen del conflicto se remonta al 31 de diciembre de 2025, cuando el Ministerio firmó el contrato con la Unad, dejando por fuera a otras instituciones interesadas, entre ellas la Surcolombiana, de acuerdo a la investigación de Semana.
Según Rubén Darío Valbuena, rector de esta última, la exclusión de su universidad representa un “daño económico cierto, directo y de magnitudes históricas”, pues estima que la operación, diseño y administración de los Cale podría generar ganancias de hasta 5 billones de pesos durante la vigencia del contrato.
La Surcolombiana anunció que presentará una acción de tutela para solicitar la revocatoria del contrato y exigir que la operación de los Cale se abra a otras universidades, denunciando lo que considera un caso de “arbitrariedad administrativa” y un posible “monopolio de facto”.
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Según el rector Valbuena, la adjudicación se realizó de manera unilateral y sin transparencia, lo que vulnera derechos fundamentales de participación y contradicción.
El convenio entrega a la Unad la implementación, operación y administración de la red de Cale, que serán responsables de aplicar los nuevos exámenes teóricos y prácticos requeridos para la obtención o recategorización de licencias de conducción, proceso que desde 2017 el Ministerio ha exigido que esté bajo la gestión de instituciones de educación superior.
Sin embargo, la Surcolombiana cuestiona que la Unad abrirá únicamente 32 Cale en 27 meses, frente a su propuesta de 56 en 23 meses, dejando gran parte del país sin cobertura y poniendo en duda la capacidad de la institución seleccionada para cumplir con las exigencias territoriales, según el medio citado.
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El proceso ha generado un debate sobre la transparencia y legalidad de la adjudicación. La acción de tutela acusa a la viceministra encargada, Lina Huari Mateus, de dirigir el procedimiento de forma opaca y de ignorar derechos de petición, lo que, según los demandantes, configuraría una “emboscada” jurídica a favor de un tercero.
La Surcolombiana también cuestiona que la Unad no contaría actualmente con la infraestructura necesaria, pues el contrato exige la adquisición de 32 predios para la construcción de los Cale, y pone en duda la acreditación de alta calidad de la institución, cuya certificación vencía el 29 de diciembre de 2025.
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Por su parte, la Unad defiende la legalidad del proceso. Leonardo Sánchez Torres, vicerrector de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, aseguró que su institución cumple con los requisitos de cobertura nacional exigidos por el Ministerio, con presencia en 73 sedes que abarcan el 98% del territorio.
Sánchez Torres también recordó que acciones legales previas, incluyendo una tutela y una acción popular con argumentos similares a los de la Surcolombiana, ya fueron negadas, reafirmando la validez del contrato.
Desde el punto de vista económico, los exámenes tendrán un costo de 113.000 pesos para la prueba teórica y entre 445.000 y 508.000 pesos para la práctica, sin contar cargos adicionales como el Sicov.
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Según la Surcolombiana, la centralización de los Cale en manos de una sola universidad desplaza la capacidad de inversión y participación de otras instituciones públicas, concentrando recursos de manera inédita.
El debate también toca la equidad y calidad institucional. La Surcolombiana sostiene que una distribución más amplia permitiría mejorar la cobertura nacional y evitar la concentración de recursos, mientras que la Unad insiste en que cumple con todos los parámetros exigidos y garantiza la operación efectiva de los centros.
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