Un capo del narcotráfico francés detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, estaría dirigiendo desde ese centro penitenciario una compleja red criminal que opera en el sur de Francia.
Así lo revela un reportaje publicado por el diario francés Le Monde, que documenta la contratación de exmilitares colombianos como mercenarios al servicio de bandas dedicadas al tráfico de drogas en la región de Lyon.
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La investigación periodística, apoyada en expedientes judiciales y fuentes policiales, describe lo que denomina una “internacional del narcotráfico y los homicidios”: una estructura que conecta reclutamientos en Bogotá con ejecuciones y ajustes de cuentas en territorio francés.
En el centro de la trama aparece Karim Ben Addi, alias Fiston o El M7, un ciudadano francés detenido en Colombia y recluido en la cárcel La Picota, desde donde —según informes de inteligencia citados por el medio— seguiría impartiendo órdenes a través de teléfonos móviles y aplicaciones cifradas.
Las autoridades francesas lo consideran una figura clave en la escalada de violencia registrada en barrios como La Duchère, en Lyon. Aunque está bajo custodia en Colombia, investigadores sostienen que mantiene “una influencia real” sobre las operaciones criminales en Francia, coordinando acciones de intimidación, cobro de deudas y asesinatos selectivos.
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Reclutamiento en Bogotá y traslado a Francia
El reportaje detalla cómo varios exintegrantes de las Fuerzas Militares colombianas fueron contactados con la promesa de trabajos de seguridad privada en Europa.
Según testimonios recogidos por la policía judicial francesa, algunos de ellos viajaron en avión desde Bogotá hasta Francia, donde fueron alojados en viviendas rurales y apartamentos temporales mientras recibían instrucciones.
Uno de los casos que destapó la red ocurrió el 15 de noviembre de 2024, cuando un ciudadano colombiano de 32 años se presentó ante el comisariado de Bron, en las afueras de Lyon, para denunciar un presunto complot criminal.
Su declaración permitió a los investigadores reconstruir la existencia de una célula integrada por exmilitares colombianos que había sido trasladada y escondida en una granja de La Chapelle-Villars, en el departamento del Loira.
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Allí, según su relato, el grupo recibió armas y logística para ejecutar un asesinato por encargo contra un traficante rival. El hombre aseguró que inicialmente creyó haber sido contratado para labores de escolta por 2.000 euros, pero que al comprender la verdadera naturaleza del encargo decidió acudir a las autoridades.
Sus métodos sofisticados
La policía francesa confirmó la captura de varios integrantes de estos comandos y la incautación de un arsenal que incluye fusiles de asalto tipo AR-15, M16 y Kaláshnikov, así como pistolas y cientos de municiones.
En uno de los operativos se encontraron más de 600 cartuchos, evidencia que, según los investigadores, refleja una capacidad operativa superior a la habitual en disputas locales.
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Además de las armas, los agentes hallaron dispositivos conectados a cámaras de vigilancia instaladas frente a la vivienda de una posible víctima, lo que permitía seguir sus movimientos en tiempo real.
La estructura contaba con apoyo logístico en ciudades como Valence, Pusignan y Trévoux, donde se alquilaban casas y vehículos para ocultar y movilizar a los sicarios.
Uno de los ataques atribuidos a esta red ocurrió en octubre de 2024 en Givors, al sur de Lyon. Allí, hombres armados que se hicieron pasar por policías dispararon al menos 27 proyectiles calibre .223 contra la vivienda de un objetivo conocido como “el Mexicano”. La víctima logró escapar por una ventana.
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Las órdenes desde prisión
El elemento más inquietante del reportaje es la presunta coordinación desde la cárcel La Picota. Según Le Monde, testigos escucharon llamadas en altavoz en las que se transmitían instrucciones directamente desde Colombia. Las comunicaciones se habrían realizado mediante aplicaciones encriptadas, lo que dificultó su rastreo.
Karim Ben Addi enfrenta procesos judiciales en Francia y es buscado por las autoridades de ese país. Sin embargo, su situación jurídica se complica por los procedimientos de extradición y la necesidad de cooperación bilateral entre ambos Estados.
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