Gobierno Petro adelantó cuáles serán las medidas con las que ayudarán a las empresas a sobrellevar el aumento del salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro decidió mantener el aumento del 23,7% en el salario mínimo vital, lo que refrenda su posición ante la sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, del 16 de febrero, en la que participaron representantes gubernamentales, empresariales y sindicales. La decisión se produjo pese al fallo del Consejo de Estado, que suspendió el anterior decreto y obligó a un nuevo procedimiento administrativo.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, resaltó la imposibilidad jurídica de revertir el ajuste. “El salario vital es un derecho adquirido por los trabajadores. Reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico”, afirmó luego de la reunión de la Comisión de Concertación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ávila resaltó que el incremento del 23,7% ya fue integrado a la planificación tanto de las empresas como de los hogares. “El salario vital ya ha sido incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de los hogares”, puntualizó. Advirtió que cualquier modificación en la cifra podría desencadenar “incertidumbre en la economía y en el mercado laboral”, lo que afectaría la previsibilidad de ingresos y costos para empleadores y trabajadores.

Como respuesta a la medida cautelar decretada por el Consejo de Estado, reiteró el compromiso del Gobierno de obedecer la orden judicial. “El Gobierno ha reiterado su decisión de acatar el auto y expedir el decreto que ordena el Consejo de Estado”, enfatizó el ministro. El plazo para cumplir con la expedición del nuevo decreto es de ocho días calendario a partir de la notificación.

Frente a esto, el Ejecutivo señaló que entregará al alto tribunal toda la información económica que respalda la decisión de política pública adoptada en el ajuste del salario mínimo.

Paquete de medidas

Frente al impacto del aumento sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), el Gobierno alista un paquete de medidas destinado a facilitar la adaptación.

Entre las alternativas mencionadas por Ávila se encuentra:

• Fortalecimiento y la masificación del crédito de fomento por medio de Bancóldex, con el fin de mejorar la liquidez y el acceso a capital de trabajo para las pymes.
• Se evalúa la posibilidad de implementar mecanismos de inversión forzosa del sistema financiero orientados a expandir la oferta de financiamiento hacia los sectores más sensibles al incremento de los costos laborales.

“Tenemos una especial preocupación con las pequeñas y medianas empresas; creemos que a ellas hay que darles una serie de medidas compensatorias que contribuyan a la absorción de este proceso del salario mínimo”, explicó el funcionario. Indicó, además, que se analizan acciones adicionales de compensación para los segmentos productivos más expuestos a los nuevos costos.

Durante la rueda de prensa, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, complementó la información. Señaló que en la mesa de concertación predominó el consenso para sostener el aumento vigente. “Del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7% que hoy está vigente”, dijo Sanguino.

Salario ya está integrado

Añadió que tanto los empleadores como las centrales sindicales coinciden en que el salario mínimo vital ya está integrado en la operativa de las empresas y en el bienestar de las familias beneficiadas. Sanguino remarcó que todas las voces presentes se pronunciaron por evitar cualquier alteración que pudiera generar incertidumbre en el mercado laboral colombiano.

Con la expedición del nuevo decreto en los próximos días, el Gobierno prevé entregar a las autoridades judiciales la documentación sobre los fundamentos económicos que sustentan el incremento y continuar con la agenda de concertación iniciada en la Comisión Permanente.

Además, el Gobierno nacional se comprometió a proseguir el trabajo conjunto con empresarios y trabajadores para analizar y ejecutar medidas de apoyo complementarias, asegurando la estabilidad en el empleo formal y el desarrollo económico del país.