Director del Centro Democrático anunció acciones legales contra ‘Matador’ por presunta violencia contra Paloma Valencia: “La libertad de expresión tiene límites”

El director nacional del Centro Democrático, Gabriel Vallejo Chujfi, arremetió contra el caricaturista y candidato al Senado, Julio César González Quiceno, conocido como Matador, y anunció que su colectividad impulsará acciones para frenar lo que considera violencia política contra mujeres.

El pronunciamiento se dio a través de la red social X, donde Vallejo calificó al caricaturista como “maltratador” y aseguró que el partido no descansará hasta que cesen los actos que, a su juicio, constituyen agresiones simbólicas y digitales contra liderazgos femeninos. “La libertad de expresión tiene límites éticos y morales. A la mujer ni con el pétalo de una rosa”, escribió el dirigente político.

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El jefe del Centro Democrático sustentó su posición divulgando apartes de un auto del 13 de febrero de 2026 emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), dentro de una actuación administrativa que involucra a la coalición Pacto Histórico —integrada por Colombia Humana y el Movimiento Político Pacto Histórico— así como al propio González Quiceno en su condición de candidato al Senado.

De acuerdo con el documento, el CNE analiza la posible vulneración de la Ley 2453 de 2025 y de la Resolución 10946 de 2025, normas relacionadas con la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en política.

La actuación se originó en varias solicitudes de investigación, entre ellas una presentada por Vallejo en calidad de director del Centro Democrático y otras radicadas por ciudadanas particulares.

El auto incorpora elementos probatorios allegados por distintas entidades, entre ellas la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Defensa, además de un informe de inspección ocular practicado al perfil público del caricaturista en X.

Asimismo, ordena correr traslado de las pruebas a las partes involucradas para garantizar el derecho de defensa y contradicción.

Para Vallejo, la apertura formal de esta actuación confirma que no se trata de una simple controversia en redes sociales, sino de un asunto con implicaciones institucionales.

El dirigente ha sostenido que las publicaciones del caricaturista contra la senadora y precandidata presidencial Susana Paloma Valencia Laserna contienen burlas y descalificaciones basadas en la apariencia física, lo que —según su interpretación— encajaría en categorías de violencia simbólica y psicológica contempladas por la ley.

En entrevista con Caracol Radio el 14 de enero, González Quiceno calificó la situación como improcedente y defendió su trabajo como caricaturista.

Afirmó que no se retractará ni ofrecerá disculpas, al considerar que la caricatura es una herramienta para cuestionar el poder sin distinción de género. Según explicó, su polémica pieza titulada “Dieta parlamentaria” buscaba criticar decisiones políticas y no atacar por razones personales.

El enfrentamiento ocurre en un contexto ya sensible para el caricaturista. En 2023, el diario El Tiempo suspendió su colaboración tras la divulgación en redes sociales de una denuncia por violencia intrafamiliar presentada en su contra en 2013. El caso fue difundido por el abogado Abelardo de la Espriella, lo que desató un intenso debate público.

En su momento, González Quiceno reconoció haber cometido una agresión años atrás, señaló que el proceso se resolvió mediante conciliación y pidió perdón públicamente. No obstante, ese antecedente ha sido citado por sectores políticos para cuestionar su autoridad moral como figura pública y ahora como aspirante al Senado.

Desde el Centro Democrático insisten en que el eje de la discusión actual no es la sátira en abstracto, sino la protección efectiva de las mujeres que participan en política. La colectividad sostiene que la violencia de género no solo se manifiesta en agresiones físicas, sino también en formas simbólicas, digitales y psicológicas que pueden desincentivar o afectar el ejercicio del liderazgo femenino.

El auto del CNE también ordena reiterar solicitudes a entidades como la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección para que informen sobre eventuales medidas de protección en favor de la senadora Valencia, así como requerimientos a la coalición Pacto Histórico para que indiquen si han adoptado acciones internas frente a la queja.