Por accidente de bus en el que murieron 17 estudiante, familias de las víctimas pidieron investigación penal contra compañía de transporte

Luego de dos meses del accidente en Antioquia, en la vía Remedios–Zaragoza, que dejó un saldo de 17 víctimas fatales, el proceso judicial avanza con nuevos señalamientos hacia los actores involucrados en la operación y certificación del bus siniestrado.

Familiares de dos estudiantes fallecidos decidieron presentar una denuncia penal formal ante la Fiscalía General de la Nación por el siniestro vial ocurrido el domingo 14 de diciembre de 2025, en jurisdicción del municipio de Remedios, Antioquia, ampliando el foco de la investigación más allá de las sanciones administrativas iniciales.

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El caso involucra tanto al Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) Servisuper LTDA como a la empresa de transporte Precoltur S.A.S. Las familias acusan a ambas entidades de prácticas que pudieron haber facilitado la circulación de un vehículo en mal estado.

El eje de la denuncia se apoya en los hallazgos de la Superintendencia de Transporte, que detectó irregularidades en la revisión técnico-mecánica del bus con placas SON-847. Pese a contar con certificados vigentes en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), el vehículo presentaba deficiencias mecánicas.

De acuerdo con la denuncia, el CDA Servisuper habría manipulado los resultados de la inspección, transmitiendo datos falsos al RUNT. El documento presentado ante la Fiscalía busca esclarecer si este tipo de alteraciones constituye una práctica frecuente en la compañía.

La demanda solicita investigar delitos como falsedad material en documento público, uso de documento falso y fraude procesal.

La denuncia plantea el interrogante: “Se busca establecer si este es un modus operandi recurrente del CDA para emitir revisiones a vehículos que no cumplen con los estándares”, según el texto incluido en la presentación formal. Las familias exigen que la investigación penal vaya más allá de las sanciones administrativas y siente un precedente para el sector.

La acción judicial también señala a los directivos de Precoltur S.A.S. por presuntos incumplimientos en el mantenimiento preventivo de su flota y la seguridad social de los conductores.

Para los denunciantes, la empresa tenía un interés directo en obtener aprobaciones irregulares con el fin de mantener la operación de sus vehículos.

El abogado Diego García, representante legal de dos familias afectadas, subraya que el caso no debe limitarse a una infracción administrativa: su objetivo es lograr que se reconozca la naturaleza penal de las conductas investigadas.

Medidas Administrativas: Suspensión de Empresas

A raíz de lo sucedido, la Dirección de Investigaciones de Tránsito y Transporte ordenó la suspensión inmediata de la habilitación del CDA Servisuper LTDA y de Precoltur S.A.S. por seis meses.

Esta medida preventiva incluye la desconexión del CDA del RUNT y la prohibición de expedir nuevos certificados de revisión técnico-mecánica, así como la suspensión de operaciones para la empresa transportadora en el mismo periodo.

La denuncia presentada solicita que la Fiscalía 110 Seccional de Segovia integre estos nuevos hallazgos en la investigación por homicidio culposo que ya se encuentra en curso.

El propósito, según la defensa de las víctimas, es determinar la responsabilidad penal de quienes permitieron que el bus circulara en condiciones que lo convertían en una “trampa mortal” para sus ocupantes.

Precoltur y las condiciones de los vehículos

Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte, informó en La FM que el bus implicado en el siniestro circulaba al 97% de su capacidad autorizada. Sin embargo, el hecho de que la ocupación no excediera el límite legal no impidió que el desenlace fuera trágico.

Las primeras investigaciones identificaron que el vehículo, perteneciente a la empresa Precoltur, trasladaba 39 pasajeros pese a que su límite era de 40. El dato, aunque dentro de la normativa, no fue suficiente para evitar el desastre.

Un aspecto crítico señalado por los peritos fue la “ausencia total de cinturones de seguridad para los pasajeros”, una omisión que constituye una infracción grave en el sector.

El informe técnico de la entidad supervisora expuso varias deficiencias estructurales y operativas. Las ventanas carecían de salidas de emergencia funcionales. Las sillas no cumplían las condiciones mínimas requeridas para el servicio público, y el bus tampoco contaba con extintores ni elementos esenciales para la atención de emergencias.

A estas irregularidades se sumó la falta de un sistema de comunicación entre el conductor y la empresa operadora. Esta carencia impidió el seguimiento en tiempo real del trayecto, dificultando la reacción tras el accidente. Además, no existían mecanismos electrónicos para monitorear el estado del vehículo o la fidelidad en el cumplimiento de la ruta autorizada.