
Una intervención ambiental realizada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) llevó a la suspensión inmediata de las actividades de disposición de residuos de construcción y demolición en un predio de la vereda Yerbabuena, en el municipio de Chía, tras detectar movimiento de tierra y retiro de capa vegetal sin permisos ambientales.
De acuerdo con la información oficial recopilada, la CAR impuso una medida preventiva en un terreno rural donde se identificó una intervención de 23.462 metros cuadrados. Durante las inspecciones, los equipos técnicos observaron movimiento de tierra, retiro de capa vegetal y trabajos de nivelación sin autorización, acciones que podrían afectar el recurso suelo y los ecosistemas asociados al área.
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El procedimiento de la autoridad ambiental se originó a partir de una denuncia ciudadana y una serie de visitas técnicas que permitieron constatar la actividad irregular, además de la presencia continua de volquetas con residuos de construcción y demolición (RCD). Según la entidad, los responsables de la actividad no presentaron los permisos exigidos para ejecutar rellenos ni otras modificaciones del terreno.

Proximidad al río Bogotá y posibles afectaciones ambientales
El predio afectado colinda en su parte posterior con el río Bogotá, lo que llevó a la CAR a ampliar la investigación sobre el posible impacto en el cuerpo hídrico y su franja de protección. Un informe técnico, actualmente en proceso, deberá determinar si el vertimiento de escombros y la alteración del terreno generaron afectaciones directas a este afluente o a sus zonas de amortiguación.
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El equipo de la CAR constató la existencia de montículos de tierra, lodos, arenas, fragmentos de ladrillo, concreto, cerámica, plásticos rígidos, maderas y metales, lo que evidencia un proceso sistemático de disposición de residuos. También se detectó el ingreso frecuente de volquetas, algunas identificadas con logos de proyectos de movilidad, un dato que será objeto de análisis para establecer el origen y destino de los materiales.
“Agradecemos a las comunidades la oportuna denuncia que permite la protección de nuestros recursos naturales”, afirmó Mauricio Garzón, director regional de Sabana Centro, en declaraciones recogidas por la propia corporación. El funcionario enfatizó el papel de la participación ciudadana en la vigilancia ambiental y la defensa de los territorios afectados por prácticas irregulares.
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Medidas preventivas y antecedentes recientes
La CAR reiteró su compromiso con la defensa de los recursos naturales y señaló que mantendrá las labores de seguimiento y control en el área intervenida, hasta garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. Según los registros oficiales, Sabana Centro concentra el mayor número de medidas preventivas adoptadas por la entidad en relación con la disposición ilegal de residuos de construcción y demolición.
Durante el año anterior, la autoridad ambiental impuso 70 medidas preventivas por este tipo de prácticas, de las cuales 52 se presentaron en la jurisdicción de Sabana Centro. A estas se suman seis casos en Tequendama y Bogotá-La Calera, tres en Bajo Magdalena, dos en Gualivá y uno en Sabana Occidente.
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El caso de Chía se suma a una serie de operativos ejecutados en la región para frenar la presión de los rellenos y la disposición inadecuada de escombros, una práctica que genera alertas por los efectos negativos sobre los suelos agrícolas, la vegetación nativa y los cuerpos de agua que abastecen a la región.

Seguimiento y próximos pasos
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca anunció que el resultado del informe técnico en curso será determinante para establecer la magnitud de la afectación y las sanciones correspondientes, en caso de comprobarse violaciones graves a la normatividad ambiental.
Mientras tanto, las actividades en el predio de Yerbabuena permanecerán suspendidas hasta que los responsables presenten los permisos y se esclarezca el posible daño al río Bogotá y a los ecosistemas circundantes.
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La entidad reiteró su llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier acción que ponga en riesgo los recursos naturales del departamento.
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