Las acusaciones sobre el presunto desvío de recursos públicos para beneficiar a la primera dama Verónica Alcocer, que todavía es la esposa del presidente Gustavo Petro, pese a que estén separados, desataron en la noche del sábado 14 de febrero un duro pronunciamiento de la exvicepresidenta, exministra de Defensa y excanciller de la República Marta Lucía Ramírez: que en sus redes sociales arremetió contra la sucreña tras conocerse la reciente denuncia en su contra.
Ramírez, con un comentario en su perfil de X, lanzó una fuerte advertencia sobre el posible destino judicial de Alcocer, a la que vinculó con delitos como peculado por apropiación y uso indebido de recursos, en medio del escándalo por presuntos contratos millonarios gestionados a través del Sistema de Medios Públicos (Rtvc) para favorecer a personajes que han sido asociados a su figura, y que rondarían por los $23.000 millones según se supo.
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La exfuncionaria comparó el caso de la primera dama con antecedentes de figuras políticas incluidas en la Lista Clinton y se atrevió a dar una dura sentencia. “Al igual que terminó en la Lista Clinton, terminará investigada por peculado por apropiación, peculado por uso indebido de recursos e interés indebido en la celebración de contratos. ¡Vivir sabroso no paga!”, dijo Ramírez, tras la difusión de un informe de Semana sobre aparentes irregulares en la contratación de servicios de imagen y comunicación para la Presidencia, que habrían favorecido directamente a Alcocer.
La polémica que salpica a Verónica Alcocer y que puso al Gobierno a dar explicaciones
El eje de la controversia gira en torno a la utilización de fondos públicos por parte de Rtvc, bajo la dirección de Hollman Morris, para la suscripción de contratos con la cooperativa Savi. De acuerdo con los reportes de medios como Semana y El Colombiano, los recursos habrían servido para financiar la presencia de personal asignado a la imagen y el acompañamiento exclusivo de Verónica Alcocer en actividades oficiales y viajes nacionales e internacionales.
Entre los contratos señalados figuran los de Fady Flórez, maquillador personal, y Mauricio Vélez, fotógrafo, que, según las denuncias, dedicaban la mayor parte de su trabajo a la primera dama, pese a que, oficialmente, se justificaban como labores institucionales de la Presidencia. Estas revelaciones habrían conducido a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, para establecer si existió detrimento patrimonial, estafa o lavado de activos.
Frente a esto, María Paula Fonseca, subgerente de Rtvc, rechazó las acusaciones y aclaró que los contratos con Savi cubren la producción audiovisual y logística de la Presidencia, proceso que se hace bajo una figura legal de administración delegada utilizada por múltiples entidades estatales. Y aseguró que los servicios contratados incluyen equipos, fotógrafos, periodistas y productores, y que no están dirigidos de forma exclusiva a la primera dama Alcocer.
Entretanto, en un comunicado, la Presidencia detalló que los contratos interadministrativos con Rtvc suman cerca de 22.500 millones de pesos en los últimos cuatro años, lo que representa un promedio anual de 5.000 millones. Pero sobre los contratos de Flórez y Vélez, el gobierno precisó que corresponden a pagos mensuales de 10 millones y 25 millones de pesos respectivamente, por sus funciones en asesoría de imagen y dirección audiovisual institucional.
En la misiva también se recordó que la relación contractual entre Rtvc y Savi existe desde 2004 y que su propósito es garantizar la producción y transmisión de los contenidos audiovisuales de la Presidencia y el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), bajo la supervisión de la Secretaría de Comunicaciones y Prensa. El Gobierno recalcó que, hasta la fecha, no ha recibido notificación formal de la Fiscalía sobre una investigación en curso.
Mientras las autoridades avanzan en la revisión de los contratos y la Fiscalía define si hay lugar a imputaciones, la figura de Verónica Alcocer sigue en el ojo del huracán. No solo por estos asuntos, sino -entre otras- por su presencia en Suecia, país en el que residió durante varios meses, hasta las denuncias de un medio de comunicación en Estocolmo que habría dado cuenta de la vida que llevaba la mujer en este país escandinavo, pese a estar en la referida lista de la Ofac.
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