Angélica Lozano denunció “esclavitud moderna” por falta de pago a más de 2.500 contratistas del Gobierno Petro: “La gente no es cuerpo glorioso”

Miles de trabajadores vinculados al Estado colombiano mediante contratos de prestación de servicios enfrentan un retraso sin precedentes en el pago de sus honorarios correspondientes a diciembre de 2025.

A mediados de febrero de 2026, y pese a los llamados oficiales a la normalidad institucional, las cifras reportadas por varias entidades nacionales evidencian una mora extendida que afecta a por lo menos 2.500 personas, según documentación recopilada por la senadora Angélica Lozano, quien calificó la situación como una forma de “esclavitud moderna”.

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La denuncia se produce en un contexto particularmente sensible: la antesala de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que el gasto público y la contratación estatal enfrentan fuertes restricciones.

De acuerdo con información oficial, entidades como el Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (Upit) reconocen cientos —y en algunos casos miles— de cuentas de cobro impagas, correspondientes a servicios ya prestados.

El caso más crítico es el del Ministerio del Interior, que reportó oficialmente 1.410 cuentas de cobro pendientes de pago por honorarios del mes de diciembre de 2025.

Según la entidad, los trámites se encuentran “debidamente radicados y en estado de reserva”, a la espera de superar procesos de validación administrativa y de contar con disponibilidad del Programa Anual de Caja (PAC), cuya asignación depende del Ministerio de Hacienda.

La cartera asegura que los giros se completarían en febrero, una vez culminen los procedimientos en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF Nación).

Sin embargo, para los contratistas afectados, las explicaciones técnicas no alivian la presión económica. “La gente no es cuerpo glorioso. Este trabajo duro es con el que llevan el pan a la mesa”, afirmó la senadora Lozano, al señalar que quienes trabajan bajo esta modalidad carecen de prestaciones sociales, vacaciones, primas, cesantías y estabilidad laboral. “No hay derecho a abusar de los más débiles”, agregó.

El Departamento Nacional de Planeación también reconoció un rezago significativo. Con corte al 31 de diciembre de 2025, el DNP informó que 790 contratistas no habían recibido el pago de sus honorarios: 59 como cuentas por pagar y 731 registradas como reservas presupuestales.

Aunque la entidad sostiene que, cuando existe disponibilidad del PAC, los pagos se realizan en un promedio de siete días hábiles, admitió que la falta de asignación completa de recursos, especialmente en los gastos de inversión de diciembre, impidió cumplir con las obligaciones dentro del año fiscal.

La situación se replica en otras entidades. La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte indicó que al cierre de 2025 quedaron pendientes de pago 126 personas naturales, de las cuales 54 aún no han recibido los honorarios de diciembre.

Por su parte, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación informó que 69 contratistas continúan a la espera del pago correspondiente al último mes del año.

En este último caso, la entidad atribuyó el retraso a cuentas de cobro no radicadas oportunamente o con documentación incompleta, lo que obligó a trasladar los compromisos como reservas para la vigencia 2026.

Para Angélica Lozano, estas justificaciones no explican la magnitud del problema, especialmente si se contrastan con el ritmo de contratación previo a la Ley de Garantías.

Datos oficiales muestran que, en la primera semana de noviembre de 2025, el sector público comprometió cerca de 9 billones de pesos en convenios y contratos interadministrativos, de los cuales 6,1 billones se desembolsaron en un solo día.

En enero de 2026, el monto de contratos firmados ascendió a aproximadamente 37 billones de pesos.

“Acaban de hacer una maratón de contratitis por billones antes de que entrara la ley de garantías, y ahora no les pagan a quienes ya trabajaron”, señaló la senadora.

Según su denuncia, el incumplimiento afecta al menos a 2.500 personas en diferentes entidades del orden nacional. “El ministro de Hacienda dijo en diciembre que se paga mes vencido y ya vamos a entrar a marzo”, enfatizó.