El Consejo de Estado resolvió que tiene la competencia para tramitar una demanda de pérdida de investidura contra Gustavo Petro por hechos relacionados con su labor en el Senado de la República, según informó El Tiempo.
La Sala Plena del alto tribunal abordó el caso después de un extenso debate jurídico sobre si era posible analizar una demanda de este tipo, dado que actualmente Petro ejerce la Presidencia y cuenta con el fuero especial de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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La demanda fue presentada en noviembre de 2022, poco después de que Gustavo Petro asumiera como Presidente de la República. El expediente, abierto en febrero de 2023, permaneció inactivo casi dos años, hasta que la Sala Plena del Consejo de Estado se reunió el 10 de febrero de 2026 para definir si podía estudiar la solicitud, pese a que el demandado ya no era senador.
La Sala tuvo en cuenta que la reclamación se refiere a hechos ocurridos durante el período parlamentario y que, aunque el demandado ahora es jefe de Estado, los hechos investigados corresponden a su etapa como congresista.
Según El Tiempo, la pregunta central era: “¿Se debe resolver si el Consejo de Estado es competente para conocer de una solicitud de pérdida de investidura de senador cuando el demandado es Presidente de la República en ejercicio?”
Argumentos de la demanda y hechos investigados
El proceso contra Petro se fundamenta en presuntas inasistencias injustificadas a sesiones plenarias del Senado en 2018. La demanda sostiene que el entonces senador faltó a al menos cinco sesiones sin justificar de manera adecuada sus ausencias. Una de ellas fue atribuida a motivos médicos, pero la excusa presentada por el médico particular Jorge Barrios no fue transcrita ni validada con la EPS Sanitas, como establece el reglamento.
El medio ya mencionado citó el escrito aclarando que: “El 28 de agosto de 2018, el señor Petro Urrego no asistió a la sesión plenaria programada para ese día, argumentando para ello, que padecía de una torticolis según se extrae de la excusa dada por el médico privado Jorge Barrios. La excusa no fue transcrita ni convalidada con la EPS Sanitas a la que pertenece el congresista demandado”.
La demanda agrega que “es costumbre que los congresistas acudan a consultorios de garaje para justificar sus inasistencias, y por ello, el empleo público debe tener una instancia más rigurosa para controlar a los servidores públicos que se valen de estas acciones para justificar sus faltas al empleo público”.
El demandante solicita que se aplique el parágrafo 2 del artículo 183 de la Constitución Política de Colombia, el cual prevé la pérdida de investidura por la “inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.
Cambio de postura y admisión del proceso
En noviembre de 2022, el Consejo de Estado había considerado que no era competente para conocer de demandas de pérdida de investidura de congresistas que ya fungen como Presidente de la República. El principal argumento era que el tribunal debía abstenerse por el fuero presidencial adquirido.
Sin embargo, el demandante presentó un nuevo recurso, lo que llevó a la Sala Plena a reconsiderar y admitir la demanda. Según lo recogido por Semana, los magistrados determinaron que “sí tienen competencia y ahora tendrá que investigar al mandatario por la demanda que llegó en su contra por pérdida de investidura cuando era congresista de la República”.
La revista explicó que la causal invocada en el recurso está contemplada en el artículo 183 de la Constitución, y que el proceso arranca en primera instancia en el contencioso administrativo, reconociendo la personería jurídica de Pedro Alejandro Carranza como abogado de defensa de Petro.
Posibles consecuencias y repercusiones institucionales
De acuerdo con El Tiempo, la decisión del Consejo de Estado no tendría un efecto real inmediato sobre Petro porque ya no ocupa su escaño en el Senado. No obstante, el caso podría sentar jurisprudencia sobre la competencia de los tribunales para conocer demandas de pérdida de investidura cuando el demandado ha cambiado de cargo y cuenta con fuero especial.
Además, la resolución intensifica el debate institucional entre el mandatario y las cortes, en medio de diferencias previas sobre investigaciones vinculadas a su gobierno.
Semana por su parte, señaló que este proceso puede originar una nueva controversia política y jurídica, en un contexto donde Petro ha criticado decisiones recientes del tribunal, como la competencia dada al Consejo Nacional Electoral para investigar posibles irregularidades en la financiación de su campaña presidencial.
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