El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout Arango, presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la Nación para que se requiera la suspensión inmediata del ejercicio del cargo de Ricardo Roa Barragán como presidente de Ecopetrol, en medio del proceso penal que enfrenta por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias y violación de topes electorales.
La petición fue radicada el 10 de febrero de 2026 ante la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, y se sustenta en disposiciones constitucionales y legales que, según el concejal, obligan a las autoridades a garantizar la moralidad administrativa, la transparencia del proceso penal y la confianza institucional mientras avanza la investigación contra el alto funcionario.
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A través de un pronunciamiento público difundido en su cuenta de X, De Bedout afirmó: “¡Ricardo Roa se tiene que ir de Ecopetrol ya!” y explicó que acudió a la Fiscalía en calidad de presidente del Concejo de Medellín y ciudadano. En el mismo mensaje sostuvo: “Es inaceptable y contrario al sentido común que quien hoy está bajo la lupa por tráfico de influencias (Art. 411 C.P.) y violación de topes electorales (Art. 396B C.P.), siga sentado en el despacho más poderoso del país manejando la chequera de todos”.
El concejal también señaló que permitir la continuidad de Roa en el cargo podría afectar el desarrollo del proceso judicial. En ese sentido, indicó: “No podemos permitir que el investigado mantenga mando sobre archivos y subordinados que mañana podrían declarar como testigos en su contra”, y añadió que la moralidad administrativa, consagrada en el artículo 209 de la Constitución, impediría su permanencia mientras enfrenta la imputación.
Dentro del documento radicado ante el ente acusador, De Bedout reiteró que la solicitud busca proteger a la empresa estatal y la confianza pública. Allí se lee: “Ante la gravedad de la imputación de cargos anunciada contra el señor Ricardo Roa Barragán, solicito de manera urgente y prioritaria que la Fiscalía General de la Nación, ante el juez a cargo, eleve la solicitud de suspensión inmediata del ejercicio del cargo como presidente de Ecopetrol”.
El texto agrega que mantener al directivo en funciones podría comprometer la transparencia del proceso penal y la estabilidad institucional. Según el escrito, “la incertidumbre jurídica derivada de tener a un presidente a las puertas de una imputación le está haciendo un daño inmenso a Colombia” y, en esa línea, advierte efectos sobre la confianza inversionista, los mercados y la estabilidad financiera.
Asimismo, el documento sostiene que la suspensión sería una medida necesaria desde el punto de vista ético y jurídico. De acuerdo con la solicitud, “la suspensión del cargo no es solo una medida jurídica, es una necesidad ética. Es la única garantía de que el proceso judicial avance sin interferencias”.
Proceso penal e investigaciones en curso
La solicitud se produce en un contexto en el que la Fiscalía General de la Nación radicó imputación de cargos contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por los delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias.
Dentro de las actuaciones investigativas, la Dirección contra la Corrupción indagó la compra de un apartamento en Bogotá realizada por Roa en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, valor inferior al de mercado según la información recopilada. Un inmueble con la mitad del metraje en el mismo edificio había sido vendido previamente por 1.000 millones de pesos.
También se investiga una diferencia en los costos de remodelación del inmueble. Mientras Roa declaró que las obras costaron 300 millones de pesos, el arquitecto responsable indicó que los gastos superaron los 2.300 millones. Parte de los pagos, cercanos a 2.000 millones de pesos, se habrían realizado en efectivo, situación que es objeto de verificación para establecer si terceros participaron en la financiación, entre ellos el empresario William Vélez, con quien Roa tuvo vínculos laborales previos.
Investigación por financiación de campaña presidencial
Otro frente del proceso penal se relaciona con la etapa en la que Roa se desempeñó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral, remitida posteriormente a la Fiscalía, concluyó que la campaña habría superado los topes permitidos en 5.300 millones de pesos.
De ese monto, 3.700 millones corresponderían a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda. Sobre este punto, Raúl Humberto González Flechas explicó: “Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”.
El ente investigador sostiene que, por su rol en la campaña, Roa tenía la responsabilidad de la documentación financiera y que en esa función habrían ocurrido irregularidades. En este escenario judicial y administrativo, la Fiscalía deberá evaluar la solicitud presentada por el presidente del Concejo de Medellín mientras avanzan las imputaciones y demás investigaciones del caso.
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