
El presidente Gustavo Petro lideró un consejo de ministros extraordinario la noche del 9 de febrero de 2026 en Montería, enfocado en la respuesta a las inundaciones que afectan al departamento de Córdoba.
Como parte de las medidas tomadas, se definió la prioridad de reubicación de poblaciones asentadas en zonas declaradas de alto riesgo, cubriendo distritos tanto urbanos como rurales. Además, se estableció la recuperación de ciénagas actualmente ocupadas de manera ilegal, con el objetivo de mitigar el impacto de posibles eventos climáticos futuros.
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La sesión estuvo motivada por la escala de la emergencia, que llevó a sumar esfuerzos en distintos niveles y a diseñar acciones para la protección de las comunidades vulnerables ante inundaciones de gran magnitud.
Por lo anterior, la Alcaldía de Montería dispuso un toque de queda en las zonas recientemente afectadas por inundaciones, afirmando que “las zonas inundadas constituyen áreas de alto riesgo para la vida e integridad de los habitantes”.
Con esta medida, que incluye a barrios como Vallejo, Dorado, Poblado, La Ribera y República de Panamá, la administración busca proteger a la población y garantizar la atención de la emergencia ya declarada, de acuerdo con el decreto.
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Además, el gobierno municipal remarcó la necesidad de limitar el movimiento tanto de personas como de vehículos: “Se prohíbe en la Comuna 1 del municipio de Montería, específicamente en los barrios relacionados... la circulación y navegación de lanchas, botes y demás embarcaciones no autorizadas y vehículos particulares y públicos cuyos ocupantes o pasajeros no residan o cuyo domicilio no pertenezca a esta comuna”.
Según lo dispuesto oficialmente, solo podrán desplazarse embarcaciones de organismos de socorro y emergencia, la Fuerza Pública y autoridades de gestión del riesgo.
Por recomendación expresa de la Policía Metropolitana, el toque de queda se implementa como una medida “transitoria y excepcional de policía”, restringiendo la movilidad desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m. del día siguiente, entre el 9 y el 17 de febrero de 2026.
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La administración advirtió también que esta disposición afecta exclusivamente a los nueve barrios especificados, con el propósito de “prevenir situaciones que puedan alterar la convivencia ciudadana”.

Petro sobre la suspensión de la emergencia económica
Gustavo Petro alertó sobre lluvias sin precedentes en Córdoba, donde las precipitaciones en los primeros días de febrero superaron hasta 18 veces el promedio histórico.
Durante un Consejo de Ministros en Montería, el presidente reclamó el levantamiento de la suspensión de la emergencia económica para atender a las miles de familias afectadas, y sostuvo que el actual fenómeno climático es resultado de la interacción de frentes fríos provenientes del Ártico con otros sistemas convectivos, situación que calificó de imprevisible para los sistemas de monitoreo.
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que el nivel de lluvias de la primera semana de febrero equivale al total esperado para todo el mes, lo que ha intensificado la emergencia hidrometeorológica en varias regiones del país.

El jefe de Estado enfatizó que la tragedia es tanto natural como política, denunciando fallas en la entrega de ayudas y el uso indebido de recursos destinados a la emergencia. Petro responsabilizó a dirigentes regionales y nacionales por el manejo de la distribución de alimentos financiados con fondos públicos, lo que afecta a comunidades vulnerables: “¿Cómo vamos a defendernos si no levantan la emergencia económica? (...) Le quitaron la comida de la boca a la gente”, reclamó.
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La emergencia ha afectado tanto a zonas rurales como urbanas, y el presidente recordó la obligación constitucional de los alcaldes para coordinar la atención de la crisis junto al Gobierno nacional. Según el Ideam, aunque un tercer frente frío ya se aleja de la zona, el monitoreo meteorológico continúa de forma permanente, dado el carácter impredecible de estos fenómenos y su potencial impacto en regiones como la Caribe.
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