Colombia combatirá el contrabando con nuevo Régimen Sancionatorio: “Entre $10 y $12 billones se podían poner en peligro”

El 10 de junio, el Congreso de la República aprobó el nuevo Régimen Sancionatorio Aduanero, que busca la protección legal de las operaciones de comercio exterior en Colombia. El nuevo marco legal responde a las solicitudes de la Corte Constitucional para garantizar la seguridad jurídica y reforzar la lucha contra el contrabando, con la participación de 35 gremios del sector y respaldo político.

El nuevo régimen asegura la legalidad de miles de procesos fiscales y protege recursos públicos. Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la ley blinda sanciones, bienes y liquidaciones oficiales a la espera de su sanción presidencial, prevista antes del 20 de junio. La aprobación del mismo implica la protección de procesos fiscales y recursos públicos que estaban en riesgo de quedar sin respaldo legal, de acuerdo con la entidad.

La nueva ley permite dar continuidad a miles de procesos y resguarda millonarias sumas de dinero. Además de fortalecer el control sobre el contrabando, el texto generó elogios por su consenso político, pero también críticas técnicas sobre la capacidad de la Dian y la cobertura normativa frente a los retos del comercio digital. Durante el trámite, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de la República trabajaron para cumplir las exigencias de la Corte Constitucional. El proyecto fue sometido a más de 39 mesas técnicas con la asistencia de los principales gremios de comercio exterior.

Frente a esto, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, expresó: “Quiero agradecer a esta plenaria del Senado, a todas las congresistas y los congresistas, a la oposición y al Gobierno nacional, y a todos aquellos que hicieron posible este logro tras una extensa discusión y un gran consenso. A través de 39 mesas técnicas, se trabajó para alcanzar un concepto unificado alrededor de los 114 artículos de la ley. Más allá de los acercamientos técnicos, se consiguió la comprensión de que este es un propósito superior para el país”.

Por su parte, la senadora Paola Holguín resaltó que “este fue un trabajo serio. Le cumplimos a la Corte Constitucional. Salvamos entre $7 y $10 billones del fisco y, sobre todo, entregamos una herramienta clara que da seguridad jurídica y que permite el combate al contrabando, a la corrupción y al lavado de activos en Colombia”, manifestó Holguín al finalizar la votación.

Impacto económico del nuevo régimen sancionatorio aduanero

La defensa de los recursos públicos es uno de los pilares del nuevo marco. De acuerdo con datos de la Dian, la aprobación del régimen evitó la pérdida de:

• $190.000 millones en liquidaciones oficiales.
• $800.000 millones en sanciones.
• $211.000 millones en mercancías aprehendidas que habrían tenido que devolverse ante un vacío legal.

Asimismo, se blindaron legalmente:

• 11.180 procesos fiscales aduaneros
• 1.840 procesos oficiales por un valor de $3,2 billones, que hubieran sido archivados sin este nuevo régimen.

Betancourt subrayó que “si el régimen sancionatorio no se aprobaba, entre $10 y $12 billones se podían poner en peligro como costo fiscal, pero además se ponía en riesgo no poder ejercer el control aduanero”.

Para Holguín, el impacto es doble: “Se trata de recursos esenciales para el país y de un poder legal efectivo para actuar frente al comercio ilegal”, dijo la senadora en el Congreso. La entidad recalcó que la continuidad de estos procesos garantiza el cobro de obligaciones, la imposición de sanciones y la incautación de mercancía.

Seguridad jurídica y control contra el contrabando

Para el Gobierno, el nuevo régimen constituye una garantía de seguridad jurídica tanto para las autoridades como para los usuarios del comercio exterior. Betancourt señaló que “los usuarios del comercio exterior, los usuarios aduaneros, los exportadores, los importadores y todas aquellas personas que le juegan bien al país, que le juegan legal al país, tienen un marco normativo que les permite ser ahora más ágiles, tener un régimen que es más claro, más simplificado, que reconoce las acciones de un usuario aduanero cuando está haciendo la debida diligencia y a la Dian, por su parte, le fortalece con el rigor de la ley el poder de ejercer el control aduanero”.

Remarcó que la ley se aprobó por unanimidad y reflejó el respaldo de todos los sectores políticos y económicos.

Holguín reiteró que “me complace informarle al país que después de un proceso bastante largo, cuidadoso, técnico, respetuoso y muy constructivo entre todos los gremios, más de 35 gremios, entre todas las vertientes políticas que participan en el Congreso de la República y con un liderazgo de la Dian en la discusión de todos los aspectos técnicos necesarios, se logró aprobar tanto en plenaria de Cámara como en Plenaria de Senado, este régimen sancionatorio aduanero por unanimidad”.

Según el Gobierno, el país cuenta ahora con normas que facilitan el comercio exterior legal, potencian la labor contra el contrabando y otorgan a la Dian nuevas facultades de control en las fronteras. Betancourt concluyó que “en este país se combate decididamente el contrabando y se promueve decididamente el comercio exterior legal”.

Riesgos y críticas al régimen sancionatorio aduanero

Sin embargo, algunas voces advierten sobre limitaciones técnicas y operativas en el texto aprobado. El exdirector de la Dian Lisandro Junco lamentó que el régime se aprobó por medio de “pupitrazo” y alertó que “el sistema aduanero de la Dian tiene más de 20 años de antigüedad y se cayó tres veces en 2025. Le están pidiendo a un Renault 4 que corra en Fórmula 1”.

Junco señaló que la ley depende de tecnología que aún no ha sido contratada. “El nuevo sistema aduanero (NSGA) ni siquiera tiene proveedor contratado. Y el Congreso está a punto de aprobar una ley que depende de ese sistema inexistente”, sostuvo.

Criticó la adopción de criterios de “responsabilidad objetiva” en sanciones y la discrecionalidad de la Dian para determinar la solvencia económica del importador. “Hay un artículo del PL 312 que sanciona al importador aunque demuestre que no tuvo culpa. Colombia aprobaría una ley que nace inconstitucional”, afirmó Junco. Además, apuntó: “¿Quién decide si un importador es ‘solvente’? La Dian. ¿Con qué criterio? Ninguno que esté en la ley. Eso no es control al contrabando: eso es discrecionalidad pura y dura”.

Sobre la operatividad en el control al contrabando, Junco ejemplificó que “si el decomiso se clasifica como sanción, prescribe. Un contrabandista paciente que aguante el proceso tendría la mercancía de regreso por vencimiento de términos”.

El exfuncionario advirtió también sobre las consecuencias para el sector formal: “Comerciantes, importadores, gremios: si el PL 312 se aprueba, tendrán sanciones sin culpa demostrada, un sistema que se cae, y una Dian que no puede distinguir al contrabandista del empresario formal”.