La revisión de la medida de aseguramiento que mantiene privados de libertad a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chávez ha recaído en tres magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, quienes deberán decidir si los exfuncionarios pueden enfrentar el juicio en libertad.
De acuerdo con información revelada por La FM, la magistrada Alma Gertrudis Chamat fue designada como ponente tras un proceso de reparto, después de que los seis despachos iniciales rehusaron asumir el caso, una situación provocada por el conflicto de competencias entre Catalina Guerrero Rosas y Ramiro Riaño.
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Al cargo de la ponencia, Chamat presentará su análisis a los otros integrantes de la Sala Penal, Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal, quienes juntos decidirán si Bonilla y Velasco podrán defenderse en libertad o seguirán en reclusión hasta que la Corte Suprema de Justicia asuma el juicio.
La ponencia llegó al despacho de Chamat porque el magistrado Juan Carlos Arias, asignado originalmente, se encuentra en licencia no remunerada durante un año, según detalló el citado medio de comunicación.
Mientras tanto, las defensas de ambos exministros han solicitado subsidiariamente que, en caso de no obtener la libertad inmediata, se conceda al menos la detención domiciliaria.
En la apelación, los abogados argumentan que la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, habría excedido sus facultades al ordenar la reclusión carcelaria de los exfuncionarios, cuando, según indica La FM, ni la Fiscalía General ni las víctimas solicitaron una medida tan gravosa. Reprochan además que la decisión carecía de fundamento suficiente y que se vulneró la garantía de una defensa justa.
Por su parte, la magistrada Rosero Baquero rechazó los argumentos de la defensa. Según su criterio, las pruebas presentadas por la Fiscalía, incluidos los testimonios de Olmedo López y María Alejandra Benavides (exasesora de Bonilla), superaban sobradamente el umbral de inferencia razonable para probar delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
Los exjefes de cartera fueron vinculados al escándalo de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Instituto Nacional de Vías de Colombia (Invías).
Actualmente, Ricardo Bonilla permanece recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en Bogotá, mientras Luis Fernando Velasco se encuentra en la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali (Valle del Cauca).
Por qué son investigados Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior) están acusados de corrupción por manipular recursos públicos y asignar contratos de manera indebida.
Incluso, el ente acusatorio los acusó de liderar un “pacto criminal” para direccionar contratos millonarios a cambio de favores políticos.
En el caso de Bonilla, la Fiscalía lo señala por facilitar transferencias por más de $92.000 millones hacia proyectos en municipios específicos, una suma significativa destinada a favorecer a congresistas aliados.
Según el expediente, también se le imputa haber dirigido una estructura que manipuló 79 contratos, de los cuales siete se concretaron para beneficio de terceros.
En cuanto a Velasco, el ente acusatorio indagó que el exfuncionario habría coordinado la compra de votos en el Congreso a cambio de contratos y beneficios, además de influir en el direccionamiento de contratos para empresas recomendadas por políticos.
El episodio incluye la intervención de Invías, la entidad estatal responsable de la infraestructura vial, en cuyo capítulo se denuncia el desvío de fondos utilizando proyectos de mejoramiento de carreteras. Estos fondos habrían sido redireccionados para beneficiar a regiones vinculadas a congresistas afines, evadiendo los procedimientos formales de selección.
El Ministerio Público plantea que la organización criminal que habría operado entre mayo de 2023 y febrero de 2024 tuvo un carácter permanente, beneficiándose de la posición de Bonilla y Velasco como ministros de despacho durante ese periodo.
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