En medio de la crisis climática que se vive en varias regiones del país por cuenta de las lluvias descontroladas, el nuevo embajador de Colombia ante Brasil, Alfredo Saade, apareció en sus redes sociales para acudir a la buena fe de las iglesias del país.
A través de su cuenta de X, el autodenominado pastor solicitó a todas las congregaciones religiosas un millonario aporte con el que podrían constribuir en la mitigación de daños que presentan en varias zonas, especialmente, tras lo ocurrido en el departamento de Córdoba.
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Según Saade, en el país existen al menos 20.000 denominaciones religiosas, las cuales podrían hacer una donación aproximada de dos millones de pesos, que irían directamente a los damnificados por las lluvias.
“En Colombia tenemos mas de 20 mil iglesias cristianas legalmente constituidas; hoy los invito a que aportemos cada uno 2 millones de pesos (sumariamos 40 mil millones) que serian invertidos para ayudar a las familias damnificados por el invierno”, señaló Saade.
Incluso, el embajador en Brasil aseguró que, en caso de que su polémica iniciativa saliera a flote, participaría en la ‘donatón’ con recursos propios, pese a ya no liderar la iglesia a la que pertenece.
“Aunque ya no soy representante legal de nuestra iglesia, ya tengo dispuestos mis dos millones para entregarlos. Entre todos lograremos la paz. Levántate Colombia”, concluyó Saade.
El presidente Gustavo Petro solicitó levantar suspensión de emergencia en Córdoba
El presidente Gustavo Petro reiteró su solicitud a la Corte Constitucional para que levante la suspensión de la emergencia económica en el departamento de Córdoba, afectado gravemente por las lluvias. En una comunicación dirigida al magistrado Carlos Camargo, el mandatario pidió que se permita reactivar la medida que considera esencial para enfrentar la crisis.
Según estimaciones de Petro, la recuperación de las zonas damnificadas requerirá recursos “que costarán billones”, y advirtió que “ya no habla la política, habla la naturaleza y la codicia”.
El jefe de Estado también alertó que trasladar fondos para la recuperación de Córdoba implicaría “hambre en otra región”, dado que las decisiones judiciales han supuesto el recorte de 16 billones del presupuesto nacional.
El impacto de la emergencia se refleja en cifras suministradas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd): se reportan al menos 14 personas fallecidas, unas 9.000 viviendas destruidas y alrededor de 50.000 familias perjudicadas en las últimas semanas.
En Córdoba, los daños afectan a más de 33.000 familias, con extensas inundaciones y deterioro en viviendas e infraestructura rural, mientras que en Sucre persisten comunidades aisladas y pérdidas agrícolas.
Frentes fríos provenientes del hemisferio norte han alterado los patrones climáticos en Colombia desde finales de enero, ocasionando lluvias intensas fuera de temporada y provocando más de 100 emergencias en 84 municipios de 14 departamentos, así como la inundación de unas 35.000 hectáreas de cultivos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió alerta por la llegada de un nuevo frente frío ártico que mantendrá la inestabilidad meteorológica hasta el 9 de febrero.
La Ungrd ha organizado 21 operaciones de asistencia humanitaria, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, transportando casi 30 toneladas de ayuda para atender a los damnificados.
Críticas a la gestión del gobierno surgieron desde el Congreso. La senadora María Fernanda Cabal instó al presidente a respetar la autonomía institucional y cuestionó la entrega de más de $6 billones en contratos a inicios de 2026, recursos que, según sostuvo, “hubieran podido ayudar y atender la emergencia en Córdoba”.
Ya en una sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el pasado 6 de febrero de 2026, Petro había fundamentado la necesidad de declarar la emergencia al señalar que la crisis actual superó lo previsto y citando advertencias de la FAO sobre el riesgo de hambre provocado por la situación climática.
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