Policía dio golpe histórico a la minería ilegal en el Chocó: criminales perdieron más de 7.000 millones

La Policía Nacional de Colombia ejecutó la Operación Chocó II en el municipio de Atrato, que concluyó con la intervención de 18 minas ilegales y una afectación económica superior a los 7.845 millones de pesos.

El operativo fue liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental. La acción se realizó a través de la Estrategia Institucional de Protección al Capital Natural y contó con la participación de múltiples entidades, entre ellas el Batallón de Infantería N.°12, la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, la Agencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional Codechocó.

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El despliegue permitió intervenir puntos críticos de minería ilegal, especialmente en el corregimiento de Paimadó, en el que se identificaron y desmantelaron estructuras dedicadas a la minería ilegal.

De acuerdo con los datos divulgados, el operativo permitió mitigar delitos ambientales que afectan gravemente los ecosistemas del Chocó, al reducir la alteración de la franja forestal protectora y evitar el vertimiento de sustancias químicas contaminantes en el río Atrato y otras fuentes hídricas de la región.

La Policía reportó la destrucción de 69 elementos utilizados para la actividad minera ilícita, incluidos 22 dragas, 10 retroexcavadoras, 27 motores y 10 motobombas.

El director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, aseguró que “con la Operación ‘Chocó II’ reafirmamos que la defensa del capital natural del país es una prioridad estratégica para la Policía Nacional”.

La Policía Nacional enfatizó que estas acciones contribuyen a debilitar la capacidad operativa y financiera de las estructuras dedicadas a la minería ilegal, además de preservar la biodiversidad y la seguridad ambiental de las comunidades del Chocó.

Según el comunicado oficial, las acciones continuarán “con firmeza y articulación interinstitucional para preservar nuestros territorios y garantizar la seguridad ambiental de las comunidades”, expresó el brigadier general Oviedo Lamprea.

En enero se presentó otro golpe contra la minería ilegal, en Quibdó

La Policía Nacional realizó una intervención que permitió desarticular 12 minas ilegales en el corregimiento de Guayabal, municipio de Quibdó, como parte de su estrategia contra la explotación ilícita de yacimientos mineros.

La operación, ejecutada el el 20 de enero del 2026, afectó de manera directa las economías ilícitas del Clan del Golfo, grupo señalado por lucrarse de actividades que generan graves daños ambientales.

La acción policial también fue coordinada con el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), la Inspección de Policía de Quibdó y la Corporación Autónoma Regional del Chocó.

También se desarrolló mediante un trabajo articulado de observación y control en la zona. Durante el operativo, las autoridades destruyeron e inutilizaron cinco dragas, veinte motobombas y trece motores utilizados para la extracción ilícita de minerales.

Según la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, la intervención representó una afectación estimada de 275 millones de pesos para las finanzas del Clan del Golfo, que debilitan su capacidad financiera y logística vinculada a la minería ilegal en la región.

Esta actividad genera riesgos de salud. De acuerdo con un estudio del Observatorio Nacional de Salud del INS, la extracción ilegal de oro tiene una fuerte correlación con el desarrollo de casos de malaria, pues los grupos ilegales “generan criaderos artificiales del mosquito transmisor de la malaria en las zonas de explotación minera, afectando a los trabajadores y personas que viven cerca de estas áreas”.

El mayor riesgo está en las zonas de Alto Baudó, Atrato, El Cantón del San Pablo, Cértegui, Condoto, Istmina, Medio Baudó, Nóvita, Quibdó, Sipí, Tadó y Unión Panamericana.

En estos municipios se evidenciaron más fuertes afectaciones por malaria asociada a la alta producción de oro.

“Es necesario y urgente poner en funcionamiento los programas de salud pública para que funcionen en toda su capacidad. La epidemia de malaria no podrá ser controlada mientras que la financiación y ejecución de actividades sigan dependiendo de entidades externas al departamento del Chocó”, indicó el Instituto de Salud.