El Tribunal Administrativo de Antioquia anunció la apertura de un incidente de desacato contra altos mandos del Gobierno nacional y agentes interventores de diversas EPS.
La decisión, proferida por el magistrado Jaiver Camargo Arteaga, se produce en medio de la crisis financiera que enfrenta la red hospitalaria por la falta de flujo de recursos provenientes del sistema.
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El expediente tiene origen en una acción presentada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que planteó que el incumplimiento en los pagos por parte de EPS intervenidas y obligaciones atribuidas a la Nación estaría afectando la prestación del servicio y la capacidad operativa de hospitales públicos y privados.
En respuesta, el tribunal había ordenado previamente adelantar gestiones para el saneamiento de la cartera debidamente acreditada a favor de las instituciones prestadoras de servicios de salud.
El requerimiento antes del desacato
A través de una providencia, el despacho recordó que la legislación aplicable a las acciones populares contempla sanciones económicas y medidas privativas de la libertad cuando se incumplen órdenes judiciales. La norma prevé multas de hasta cincuenta salarios mínimos y arresto hasta por seis meses para quien desatienda lo ordenado por la autoridad competente, dentro del trámite correspondiente.
El tribunal había adoptado una actuación preliminar orientada a garantizar las condiciones procesales necesarias antes de tomar una decisión de fondo. La orden consistió en que las entidades accionadas informen, en un plazo de dos días, el correo institucional de los funcionarios responsables de cumplir la medida cautelar, con el propósito de asegurar notificaciones válidas y el ejercicio del derecho de defensa.
Este requerimiento se dirigió a autoridades del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y a los agentes interventores o liquidadores de varias EPS bajo medidas administrativas. Con ello, el tribunal buscaba identificar de manera precisa a los responsables de ejecutar lo ordenado judicialmente.
Funcionarios vinculados
Entre los funcionarios incluidos en el requerimiento se encontraban el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez; el superintendente nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho Rodríguez; y el director nacional de la Adres, Félix León Martínez. También fueron vinculados el agente liquidador de la Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, y los agentes interventores Edwin Carlos Rodríguez, de Savia Salud; Alexander Mesa Romero, de Coosalud; y Kemer Ramírez Cárdenas, de EPS Sanitas. La identificación de estos responsables forma parte del procedimiento previo que permitió avanzar hacia la apertura formal del incidente.
La providencia también resolvió otras actuaciones dentro del proceso. El tribunal aceptó intervenciones de terceros en calidad de coadyuvantes, figura procesal mediante la cual un actor respalda la posición de una de las partes sin formular pretensiones propias. Asimismo, se aceptó la renuncia de un apoderado judicial de EPS Sanitas y se ordenó a esa entidad designar un nuevo representante para continuar con el trámite.
Con estas determinaciones, el despacho dispuso que, una vez quede en firme la decisión, el proceso continúe su curso ordinario dentro de la acción popular.
Deudas hospitalarias y presión sobre el sistema
La actuación judicial se desarrolla en un contexto de alta cartera pendiente entre EPS y hospitales en Medellín y el departamento de Antioquia. Dentro de la acción popular se ha sostenido que la falta de pagos deteriora la liquidez de las instituciones de salud y compromete la continuidad en la prestación de servicios, especialmente en áreas de urgencias y tratamientos de alta complejidad.
Autoridades territoriales han señalado que la deuda acumulada de las EPS con la red hospitalaria supera los ocho billones de pesos, con una proporción significativa correspondiente a entidades intervenidas. En ese grupo se han mencionado obligaciones asociadas a Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud, así como montos pendientes con hospitales de referencia en la ciudad.
También se han expuesto situaciones particulares en instituciones públicas, entre ellas el Hospital General de Medellín, donde se reportan obligaciones económicas pendientes que inciden en la disponibilidad de recursos para proveedores, contratación de talento humano y adquisición de medicamentos e insumos. La falta de liquidez ha sido señalada como uno de los principales riesgos operativos para la red hospitalaria.
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