La anulación de la personería jurídica del Partido del Trabajo de Colombia (PTC) por parte del Consejo de Estado generó reacciones en sectores del progresismo, que anunciaron acciones legales para controvertir la determinación del alto tribunal.
La colectividad había recuperado su reconocimiento en 2023 mediante una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) y recientemente otorgó avales a candidaturas vinculadas al Frente Amplio.
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La decisión judicial se conoció en medio del calendario electoral y afecta directamente la participación política de dirigentes respaldados por esa organización, entre ellos el candidato presidencial Camilo Romero.
El exembajador y dirigente político Roy Barreras se pronunció públicamente tras conocer la determinación del Consejo de Estado y señaló que la medida se suma a otras decisiones recientes que, según afirmó, han afectado a sectores de la centroizquierda. En su declaración manifestó que la decisión judicial coincide con otras actuaciones que, en su criterio, han incidido en candidaturas y listas electorales vinculadas a ese sector político. “Esto, sumado a la inexplicable decisión de excluir a Iván Cepeda y de destruir varias de nuestras listas del Frente Amplio y del Pacto, realmente parece una guerra jurídica contra la centroizquierda, contra el progresismo, contra el cambio”, afirmó.
El dirigente anunció la presentación de recursos legales contra la anulación de la personería jurídica. “Vamos a interponer todos los recursos que sean necesarios, porque no puede ser que faltando veinticuatro horas para el cierre de modificaciones de la consulta, o doce horas, y cuando las listas ya están inscritas, anulen un partido político entero”, indicó.
Barreras agregó que, desde su perspectiva, existe una coincidencia de decisiones judiciales que buscan debilitar esa opción política. “Yo creo que, evidentemente, hay una coincidencia de golpes jurídicos contra todos nosotros que pretenden debilitar la opción que hemos construido durante años”, sostuvo.
En el mismo mensaje, el dirigente reiteró su respaldo al proyecto político asociado al presidente Gustavo Petro y a la continuidad de sus propuestas. “No vamos a permitir que la derecha a punta de este tipo de golpes jurídicos y políticos nos saque del campo de batalla”, dijo, y añadió que promoverán la unidad para enfrentar el escenario electoral.
Además del video, Barreras publicó un mensaje escrito en X en el que fue contundente al señalar que: “Hay una guerra jurídica contra todos los que apoyamos a Gustavo Petro para impedir que el cambio continue”.
Alcance de la decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado anuló el reconocimiento de la personería jurídica que el CNE había otorgado al Partido del Trabajo de Colombia mediante la Resolución 4354 del 15 de junio de 2023. La determinación del alto tribunal se produjo tras estudiar una demanda presentada por el ciudadano Samuel Alejandro Ortiz Mancipe contra el CNE, en la que solicitó la nulidad del acto administrativo por considerar que carecía de sustento legal y que interpretaba de manera incorrecta una sentencia clave de la Corte Constitucional.
En ese fallo, la Corte estableció excepciones para que partidos políticos que hubieran sido víctimas de violencia pudieran recuperar su personería jurídica sin cumplir los requisitos ordinarios de votación o recolección de firmas, siempre que se demostrara un impacto directo y verificable de dicha violencia sobre su actividad política.
Al analizar el caso, el Consejo de Estado concluyó que no se acreditaron los supuestos necesarios para aplicar esa excepción. “Argumentó que el acto acusado incurrió en la causal de nulidad de infracción de las normas en que debía fundarse, toda vez que se lesionó el estatuto básico de los partidos y movimientos políticos al haber restituido la personería jurídica al PTC, sin que se hubieran cumplido con los supuestos fácticos y jurídicos previstos en la sentencia SU-257 de 2021 emitida por la Corte Constitucional”, indicó la corporación.
Asimismo, precisó que, en esas condiciones, la solicitud de reconocimiento debía someterse al régimen ordinario previsto en la Constitución y en las leyes que regulan la organización de partidos y movimientos políticos en Colombia.
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