La Fiscalía General de la Nación acusó al expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, y a otros exdirectivos por manipular información financiera, un caso que evidencia graves fallas en el control y la vigilancia del sistema de salud en Colombia
El ente investigador sostiene que, entre 2019 y 2022, los exdirectivos introdujeron información financiera falsa, lo que permitió renovar la licencia de funcionamiento de la entidad y evitar una intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, pese a que la empresa registraba pérdidas de manera sostenida.
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A partir del examen de los informes contables, la Fiscalía identificó la existencia de 3.419.015 facturas ligadas a deudas con Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), que, según documentó el ente acusador, “fueron ocultadas y dejaron de procesarse”.
Mediante este procedimiento, la situación financiera reportada ante la junta directiva y la asamblea de accionistas no se correspondía con la realidad de la empresa.
La investigación apunta a que los exfuncionarios presentaron utilidades inexistentes por 70.563 millones de pesos, lo que permitió cubrir obligaciones pendientes y aparentar una solvencia financiera inexistente.
La Fiscalía detalló que los informes adulterados también se entregaron a la Superintendencia Nacional de Salud, con el objetivo de asegurar la continuidad de la licencia de funcionamiento y evitar una eventual destitución de los directivos.
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La institución considera que este entramado de corrupción limitó el accionar de los órganos de control interno y tuvo un impacto negativo en la gestión administrativa, lo que afectó directamente a miles de usuarios de la Nueva EPS.
El proceso judicial implicará la responsabilidad penal de José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la entidad; Juan Carlos Isaza Correa, exvicepresidente administrativo y financiero; Édgar Pedraza Castellanos, exgerente de contabilidad; y Fabián Antonio Peralta Núñez, exgerente de cuentas médicas.
De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía, todos ellos deberán comparecer ante el juez por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud. En el caso específico de Cardona Uribe, la acusación incluye además el cargo de peculado por apropiación.
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El organismo de investigación señaló que la audiencia preparatoria de juicio dará comienzo el próximo 23 de febrero de 2026.
La investigación, adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción, también ha documentado que estos manejos incidieron en las decisiones relacionadas con la inversión de los recursos, como ocurrió cuando se solicitó que las presuntas utilidades fueran dirigidas al pago de deudas de periodos anteriores.
En su balance sobre el caso, la Fiscalía remarcó que “la información financiera adulterada de la Nueva EPS fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de obtener la renovación de la licencia de funcionamiento y continuar con la prestación de los servicios de salud, a pesar de que la EPS registraba pérdidas año tras año.
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También se evitó la intervención de la Supersalud y la destitución de los directivos”. Los investigadores han reunido, además, elementos probatorios que refuerzan la hipótesis de que durante estos años no se procesaron 14 millones de facturas de servicios prestados por las IPS.
En diciembre de 2025, la Procuraduría General de la Nación dispuso el cierre total y definitivo del proceso disciplinario contra José Fernando Cardona Uribe, expresidente de la Nueva EPS, dejando constancia de que no existe ninguna actuación abierta en su contra en los expedientes correspondientes.
La decisión se adoptó tras un análisis exhaustivo de los elementos de investigación, y descarta la continuación de cualquier procedimiento vinculado a los hechos registrados durante su gestión en la entidad.
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La Procuraduría notificará formalmente a Cardona Uribe y a su representante legal, y recordó que, aunque el proceso ha sido archivado, las partes mantienen el derecho a interponer recurso de apelación dentro de los plazos establecidos por la normatividad disciplinaria.
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