Afiliados a la Nueva EPS ya no serán atendidos en el Hospital Universitario Méderi, en Bogotá: la entidad explicó la razón

El Hospital Universitario Méderi informó que suspendió la atención regular a los afiliados de Nueva EPS debido a la falta de un contrato vigente, mientras mantiene únicamente el servicio de urgencias para estos pacientes.

La institución aclaró que el convenio con Nueva EPS expiró el 18 de diciembre y, por solicitud de la aseguradora, se extendió hasta el 31 de enero, según informó Blu Radio.

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Tras el vencimiento del acuerdo, diversos pacientes manifestaron que sus citas médicas fueron canceladas durante los primeros días de febrero.

Ante las denuncias, el centro hospitalario explicó que no existen condiciones contractuales para seguir prestando servicios de consulta externa, procedimientos o exámenes a los usuarios de Nueva EPS.

La clínica reiteró que solo atiende casos de urgencia para esta población, conforme lo establece la normatividad vigente.

Aspi mismo, la atención a pacientes afiliados a otras entidades, como diferentes EPS, ARL y convenios empresariales, continúa desarrollándose con normalidad dentro del hospital.

La institución aclaró que la medida no afecta a usuarios de compañías con las que sí mantiene contratos activos. Actualmente se adelantan negociaciones para suscribir un nuevo contrato con Nueva EPS, precisó la entidad.

El hospital reiteró que la responsabilidad de la suspensión radica en la ausencia de un nuevo acuerdo con la aseguradora y señaló que mantiene disposición para retomar la atención integral a los usuarios de Nueva EPS cuando culminen las negociaciones contractuales. Mientras tanto, la única vía de acceso para estos pacientes se limita a la atención por urgencias.

La crisis en la gestión de Nueva EPS pone en riesgo el acceso a tratamientos para personas con VIH en Colombia

La continuidad del acceso a tratamientos y servicios médicos para personas que viven con VIH en Colombia se encuentra en una encrucijada crítica por el colapso en la gestión de la Nueva EPS, entidad que acumula el mayor número de pacientes con esta condición en el país.

Las asociaciones de pacientes advierten que esta situación compromete el derecho fundamental a la salud y acarrea riesgos inminentes tanto en términos individuales como para la salud pública colombiana.

En palabras de Néstor Álvarez, vocero de pacientes de Alto Costo, los programas especializados permanecen cerrados y los usuarios no reciben atención. Álvarez afirmó en declaraciones reveladas por La FM: “Hoy los programas están cerrados, no hay atención y nadie da la cara. Ayer, en la mesa por la vida, Nueva EPS aseguró que el problema estaba solucionado, pero la realidad es otra”, según recoge su denuncia.

Organizaciones de pacientes enfatizan que el impacto trasciende a nivel nacional, evidenciando no solo la persistencia en el incremento de casos nuevos de VIH, sino un retroceso tangible en las estrategias de control de la epidemia. Se calcula, según las asociaciones, que más de 2.000 personas en Bogotá han quedado desatendidas, mientras que entre 400 y 500 en ciudades como Ibagué están en idéntica situación, con nueve IPS afectadas que afrontan graves dificultades financieras y operativas.

En el último trimestre del año pasado, los registros demuestran que se presentaron cerca de 5.900 quejas por pacientes que no recibieron sus medicamentos a tiempo. Esta cifra refleja una interrupción sistemática en la entrega de retrovirales durante 2025, especialmente en entidades sometidas a intervención, como es el caso de Nueva EPS. Álvarez detalló que la raíz del problema es la falta de pagos de la EPS a las IPS, aunque los tratamientos forman parte de la Unidad de Pago por Capitación.

El cierre de programas en reconocidas instituciones como el hospital Méderi constituye uno de los escenarios más graves, dado que se produjo por la negativa de Nueva EPS a firmar contratos y realizar los pagos pendientes.

Miles de pacientes, especialmente en Bogotá, han quedado sin acceso a consultas, controles médicos ni entrega regular de medicamentos, afectando a personas que han requerido atención continua durante años, incluso desde el antiguo Seguro Social.

Los riesgos derivados de la suspensión del tratamiento retroviral son alarmantes. En individuos con etapa avanzada de sida, la interrupción puede desencadenar infecciones severas, discapacidades irreversibles o la muerte.

Mientras tanto, quienes mantienen defensas altas pueden experimentar descompensaciones, reactivación viral y aparición de nuevas enfermedades asociadas. Álvarez, en diálogo con las asociaciones, resaltó las consecuencias colectivas: “Además del impacto individual, la crisis representa un riesgo para la salud pública, ya que los pacientes que pierden el control de su carga viral pueden volver a ser transmisores del virus, lo que podría traducirse en un aumento de nuevos casos en los próximos años”.

Las organizaciones aseguran que esta crisis no es un hecho aislado. Álvarez concluyó: “La crisis de Nueva EPS no es un hecho aislado, es una señal de alerta sobre el estado del sistema de salud y sobre cómo se está vulnerando, día tras día, el derecho a la vida de las personas que viven con VIH”.

Frente a estas denuncias, los pacientes exigen la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría General de la República, ante el presunto incumplimiento de compromisos adquiridos por la administración de Nueva EPS y la ausencia de respuestas claras por parte de sus responsables.

Las asociaciones insisten en que se trata de una crisis estructural que amenaza la vida de miles de ciudadanos y pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones de control.