La Superintendencia de Salud pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza

La desaparición de una mujer de 52 años en el sur de Bogotá terminó encendiendo una nueva alerta sobre los riesgos que siguen rodeando algunos procedimientos estéticos en Colombia. El caso de Yulixa Toloza, que fue reportada como desaparecida después de someterse a una lipólisis láser en un establecimiento del barrio Venecia, no solo generó preocupación entre sus familiares, sino que activó la intervención de las autoridades sanitarias del país.

En medio de la incertidumbre que rodea su paradero, la Superintendencia Nacional de Salud decidió intervenir formalmente y solicitó información a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para establecer qué controles, inspecciones y acciones de vigilancia se habían realizado sobre el centro estético Beauty Láser, lugar donde, según la información conocida hasta ahora, se habría practicado el procedimiento.

El requerimiento busca reconstruir si el establecimiento contaba con las condiciones exigidas para ofrecer este tipo de intervenciones y, además, determinar si existían antecedentes de irregularidades o alertas previas relacionadas con su funcionamiento.

La reacción institucional se dio en un momento especialmente sensible para la capital. En los últimos meses las autoridades sanitarias advirtieron un crecimiento en las denuncias relacionadas con servicios estéticos irregulares, muchos de ellos operando en espacios clandestinos, sin habilitación médica o bajo la dirección de personal que no cuenta con formación profesional certificada.

Como parte de las medidas adoptadas, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que convocará una mesa técnica nacional junto al Ministerio de Salud y Protección Social, secretarías territoriales, asociaciones científicas y otras entidades competentes. El objetivo será revisar protocolos, identificar vacíos en la regulación y fortalecer mecanismos de prevención frente a procedimientos médico-estéticos que continúan representando riesgos para miles de personas.

La entidad, además, hizo un llamado urgente a intensificar las labores de búsqueda activa, seguimiento e inspección sobre establecimientos que, sin estar registrados como prestadores de servicios de salud, siguen ofreciendo cirugías, tratamientos invasivos y procedimientos corporales a través de publicidad en redes sociales o recomendaciones informales. Mientras avanzan las investigaciones alrededor del caso de Yulixa Toloza, las cifras que reveló la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá muestran una realidad que preocupa a las autoridades sanitarias de la capital.

Entre enero de 2025 y mayo de 2026, la entidad recibió 282 quejas relacionadas con presuntas irregularidades en servicios estéticos. De ese total, 194 denuncias estuvieron asociadas a sitios clandestinos o establecimientos que operaban sin habilitación legal. El panorama, según las autoridades, evidencia que gran parte del problema sigue concentrándose en espacios informales que ofrecen procedimientos de bajo costo sin cumplir requisitos mínimos de bioseguridad, infraestructura o respaldo profesional.

La Secretaría detalló que otras 58 quejas involucraron Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, mientras que 23 correspondieron a prestadores independientes y siete más a establecimientos cuya actividad económica ni siquiera estaba relacionada con la prestación de servicios médicos. Detrás de esas cifras también aparecen historias clínicas que encendieron alarmas dentro de la red hospitalaria de Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial, varios pacientes ingresaron a urgencias con complicaciones severas después de someterse a tratamientos estéticos en lugares no autorizados.

Las afectaciones más comunes incluyen infecciones graves, necrosis de tejidos y lesiones permanentes que, en algunos casos, han requerido múltiples intervenciones médicas posteriores. Las autoridades sanitarias aseguraron que durante sus operativos también han encontrado quirófanos clandestinos funcionando dentro de viviendas particulares, apartamentos y locales comerciales adaptados de forma improvisada, sin equipos adecuados, sin protocolos de esterilización y sin licencias vigentes.

Esa situación ha obligado a reforzar los controles en diferentes localidades de la ciudad. Solo durante 2025, la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, llevó a cabo 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026, el ritmo de vigilancia se ha mantenido. Hasta la fecha, la administración distrital reporta 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 nuevas medidas sanitarias.

Aunque la prioridad hoy sigue siendo esclarecer lo ocurrido con Yulixa Toloza y avanzar en su localización, el caso volvió a exponer una problemática que viene creciendo silenciosamente en Bogotá y otras ciudades del país: la expansión de procedimientos invasivos realizados en lugares ilegales bajo promesas de resultados rápidos y costos más bajos. Frente a este panorama, las autoridades insistieron en que antes de someterse a cualquier tratamiento corporal o facial invasivo, los ciudadanos deben verificar que la institución se encuentre habilitada y que el profesional encargado esté debidamente registrado en plataformas oficiales como Reps y Rethus.