
A comienzos de 2026, el Banco de la República volvió a encender las alertas sobre el rumbo de los precios en la economía colombiana. En su último Informe de Política Monetaria, el equipo técnico del banco central ajustó al alza sus proyecciones de inflación y dejó claro que el camino de regreso a la meta del 3% será más largo y complejo de lo que se esperaba hace apenas unos meses.
El documento revela que la inflación total cerraría 2026 en 6,3%, una cifra superior a la prevista anteriormente, mientras que para 2027 se proyecta una desaceleración hasta 3,7%. Aunque este último dato apunta a una convergencia gradual hacia el objetivo de largo plazo, el mensaje central del informe es que las presiones inflacionarias se han intensificado y obligan a mantener una postura monetaria restrictiva durante un periodo prolongado.
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Uno de los elementos que explica este giro en las proyecciones es el freno en la tendencia descendente de los precios. Tras varios trimestres de desaceleración, la inflación terminó 2025 en 5,1%, un nivel prácticamente igual al registrado al cierre de 2024. Para el Banco de la República, este estancamiento evidencia que los choques inflacionarios no se han disipado por completo y que algunos factores estructurales siguen operando con fuerza.
Entre ellos, el informe destaca el incremento del salario mínimo legal para 2026, que fue del 23% y superó ampliamente las expectativas del mercado. Según el análisis del banco central, este ajuste tendrá efectos transversales sobre los costos, especialmente en la canasta de servicios, donde la indexación juega un papel clave. El impacto no será inmediato ni uniforme, pero sí persistente, lo que explica parte del endurecimiento del panorama inflacionario.
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A este factor se suman otros frentes de presión. El Banco de la República advierte que la emergencia económica y algunas de las medidas adoptadas en ese contexto han incidido en los precios de determinados bienes. Además, se anticipan incrementos en las tarifas de gas natural, asociados a una menor producción interna, lo que añade un componente adicional de presión sobre el costo de vida de los hogares.

La dinámica de la demanda interna también aparece como un elemento relevante. De acuerdo con el informe, el gasto continúa creciendo a un ritmo superior a la capacidad productiva de la economía, lo que mantiene abierta la brecha del producto y dificulta una reducción más rápida de la inflación. A esto se suma la elevada indexación de rubros como los arriendos, que amplifica los efectos de los choques iniciales y prolonga su impacto en el tiempo.
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Frente a este escenario, el banco central considera necesario reforzar su respuesta de política monetaria. En su primera reunión del año, la Junta Directiva decidió aumentar la tasa de interés de política en 100 puntos básicos, hasta 10,25%. Según explica el informe, la decisión busca evitar un desanclaje de las expectativas inflacionarias y compensar la caída de las tasas de interés reales provocada por el repunte de las proyecciones de inflación.
El documento insiste en que la Junta reafirmó su compromiso con la meta del 3% y sostiene que una postura restrictiva, combinada con la disolución gradual de los choques de oferta, permitirá que la inflación se acerque al objetivo hacia finales de 2027. No obstante, el banco reconoce que el proceso será lento y estará sujeto a riesgos tanto internos como externos.
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En paralelo, el informe actualiza las perspectivas de crecimiento económico. Para 2026, el equipo técnico estima que el producto interno bruto crecerá 2,6%, por debajo del 2,8% previsto anteriormente. En contraste, la proyección para 2025 fue revisada al alza, pasando de 2,6% a 2,9%, lo que refleja un mejor desempeño reciente de la actividad económica.
De cara a 2027, el panorama es más moderado. El Banco de la República proyecta un crecimiento de 1,6%, asociado a la necesidad de corregir los excesos de demanda y cerrar la brecha del producto, que se tornaría negativa en ese periodo. Esta desaceleración adicional estaría influenciada por la política monetaria restrictiva, menores ingresos por remesas y exportaciones de café, y una inversión que, aunque aporta de manera positiva, todavía no recupera los niveles observados antes de la pandemia.
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