Juan Fernando Petro negó categóricamente las acusaciones de financiación ilegal en la campaña presidencial de su hermano, el presidente Gustavo Petro, tras la reciente difusión de un audio y una foto atribuidos al narcotraficante extraditado Andrés Felipe Marín Silva, conocido como Pipe Tuluá.
Estos materiales han renovado la controversia sobre el llamado Pacto de La Picota y el origen de los recursos de campaña.
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De acuerdo con ambos medios, el audio, divulgado antes de la extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, contiene afirmaciones graves. En la grabación, el capo sostiene:
“A su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones... esas pruebas las tengo y las voy a pasar a Estados Unidos”.
En diálogo con El Tiempo, Juan Fernando Petro rechazó de manera rotunda los señalamientos. Insistió en que nunca recibió dinero de Pipe Tuluá ni de ningún narcotraficante y aseguró que no existe cualquier tipo de vínculo personal con el extraditado. “Esa foto es un montaje”, afirmó, refiriéndose a la imagen difundida como supuesta prueba de la relación.
El hermano del presidente relató que meses atrás su familia fue objeto de un intento de chantaje: recibieron un video donde, según los emisores, él aparecía recibiendo fajos de dinero. Sin embargo, explicó que, tras revisar el material, comprobó que no figuraba en las imágenes.
Según Juan Fernando Petro, la divulgación del audio tendría fines electorales y estaría vinculada a campañas con baja intención de voto. Además, especificó que su contacto en el contexto de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos se dio únicamente a través de la abogada de Pipe Tuluá, y nunca de forma directa con el narcotraficante.
La causa permanece ahora en manos de la Fiscalía, que debe analizar la consistencia y relevancia legal de las pruebas prometidas por Pipe Tuluá. Asimismo, está pendiente el trámite de entrega de material a autoridades de Estados Unidos tras la extradición del capo, según informaron El Tiempo y Semana.
Por su parte, la presunta existencia del “Cartel de la Picota”, señala supuestas entregas de dinero a entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y anuncia que presentará el material ante autoridades estadounidenses y la Fiscalía en Colombia.
Además, las minutas de ingreso a la cárcel La Picota detallan visitas de Juan Fernando Petro, aunque desde el equipo de campaña se aseguró que respondían a gestiones en el marco del proyecto de paz total, no a acuerdos clandestinos. La polémica sobre el acceso de representantes de la campaña presidencial a distintas cárceles del país, incluida La Picota y el pabellón de extraditables, resurgió con fuerza.
Así las cosas, el presidente Gustavo Petro defendió ante El Tiempo los resultados de su administración en la lucha contra el narcotráfico, destacando que su gobierno ha firmado un número sin precedentes de capos extraditados a Estados Unidos.
En palabras de Juan Fernando Petro, jamás existió trato alguno con Pipe Tuluá ni ingresos de fondos desde su entorno, y considera que los señalamientos solo buscan ejercer presión política.
La Red de Veedurías de Colombia denuncia penalmente a Juan Fernando Petro ante la Fiscalía
La Red de Veedurías de Colombia presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, tras la aparición de un audio atribuido a alias Pipe Tuluá, narcotraficante extraditado, en el que se señalan presuntos pagos irregulares vinculados a la campaña presidencial de 2022.
En ese audio, Pipe Tuluá sostiene que “creo que lo primero que usted debería es evaluarse, porque a su hermano sí lo compramos y tenemos las pruebas de que le pasamos mucho dinero para su campaña”, en referencia directa al entonces candidato Gustavo Petro.
La denuncia detalla además que estos fondos no solo habrían sido destinados a la financiación electoral, sino que parte del dinero podría haberse empleado en pagos relacionados con “trámites asociados a procesos judiciales y de paz”, lo que representa una posible ampliación de las irregularidades investigadas.
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