La política del Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura contra los principales jefes de las disidencias de las Farc, en especial las estructuras bajo el mando de alias Calarcá, atraviesa uno de sus momentos más críticos.
La Defensoría del Pueblo solicitó formalmente revisar y levantar estos beneficios jurídicos al considerar que no han generado una disminución real de la violencia ni una protección efectiva para la población civil en los territorios más afectados por el conflicto.
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Así lo confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín, en entrevista con Caracol Radio, donde señaló que, pese a los avances en las conversaciones con algunos grupos armados, en regiones como el Catatumbo los riesgos humanitarios siguen siendo elevados.
Según Marín, la persistencia de enfrentamientos, el control territorial de las disidencias y la continuidad de prácticas como la extorsión y el reclutamiento forzado evidencian que los incentivos jurídicos no están cumpliendo su propósito.
“Estamos viendo es que los procesos de conversaciones no han llevado a la reducción de los grupos ni tampoco al desescalamiento de las hostilidades”, afirmó la defensora, al subrayar que la Defensoría respalda el proceso de paz, pero tiene la obligación constitucional de advertir cuando la población civil sigue expuesta a graves vulneraciones de derechos humanos.
La solicitud de revisión fue dirigida al Gobierno Nacional, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño. El análisis se centra especialmente en los comandantes del Frente 33, estructura que hace parte del bloque liderado por alias Calarcá en el Catatumbo.
Entre los nombres mencionados están alias Mechas, Richard y Andrey Avendaño, señalados de mantener operaciones armadas pese a los diálogos en curso.
Desde el Ministerio de Defensa, el ministro Pedro Sánchez confirmó que se evalúa la conveniencia de mantener la suspensión de las órdenes de captura contra Calarcá, en medio del agravamiento de los crímenes atribuidos a su facción.
Sánchez sostuvo que existe una correlación directa entre el aumento de delitos y la obligación del Estado de revisar los beneficios jurídicos otorgados en el marco de la Paz Total.
“Los dos gobiernos comparten el objetivo de neutralizar a los autores del ataque”, señaló el ministro al referirse a acciones criminales recientes, y agregó que cualquier decisión se tomará dentro de los límites de la legislación nacional y con coordinación institucional.
La Defensoría del Pueblo también expresó su preocupación por el reclutamiento forzado de menores, especialmente en el departamento del Guaviare, así como por reiterados casos de extorsión y ataques contra la fuerza pública.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, el 4 % de los atentados perpetrados lograron evadir los esquemas de protección estatal y causaron víctimas fatales.
La entidad indicó que, durante la actual administración, han muerto cerca de 2.000 colombianos en el desarrollo de la lucha contra el narcotráfico, entre ellos 356 integrantes de la fuerza pública.
En el plano internacional, la presión contra alias Calarcá se mantiene. Estados Unidos conserva vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar a los responsables del derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, hecho en el que murieron trece policías y por el cual se señala directamente a esta estructura armada.
El debate sobre la reactivación de las órdenes de captura también se da en medio de la consolidación de redes criminales asociadas a las disidencias.
Recientemente, la Policía del Meta desarticuló una organización dedicada al robo sistemático de camionetas de alta gama, utilizadas para garantizar la movilidad de los cabecillas. En la operación fueron capturadas once personas y se recuperaron quince vehículos en Meta y Cundinamarca.
Mientras tanto, alias Calarcá ha negado públicamente las acusaciones en su contra, asegurando que se trata de “montajes” destinados a perjudicar a su organización y al Gobierno Nacional. No obstante, para la Defensoría del Pueblo, la prioridad sigue siendo la protección de la población civil,
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