Una acción de tutela presentada ante el Juzgado 52 Civil del Circuito de Bogotá enfrenta al presidente Gustavo Petro a un proceso judicial inédito en Colombia, relacionado con sus declaraciones sobre la sexualidad de Jesús.
El hecho desató una polémica nacional y reavivó el debate sobre la libertad religiosa, la laicidad del Estado y los límites institucionales frente a la religión, según informó El Tiempo.
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Wilson Ruiz, exministro de Justicia y actual candidato al Congreso, es quien encabeza esta acción de tutela. Esta exige que Petro emita una disculpa pública por lo que Ruiz considera una vulneración de derechos fundamentales.
Entre sus argumentos, sostiene que el presidente violó los derechos de los colombianos a la libertad religiosa y de cultos, la libertad de conciencia, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el principio de autodeterminación espiritual.
La tutela solicita una reparación simbólica a través de un acto público de disculpas institucionales dirigido a quienes profesan la fe católica y cristiana. Este expediente judicial, ya aceptado y actualmente en estudio, marca la primera vez que un mandatario en ejercicio debe responder ante un juzgado por comentarios sobre figuras religiosas.
El origen del conflicto se ubica en un discurso presidencial pronunciado por Gustavo Petro el 27 de enero, durante un acto en el hospital San Juan de Dios, en Bogotá. En ese contexto, el presidente afirmó: “Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir”.
Estas palabras generaron reacciones inmediatas en sectores religiosos y laicistas, quienes interpretaron la intervención como una interpretación teológica emitida desde una función estatal.
En el proceso judicial intervino la Asociación de Ateos de Bogotá, organización que agrupa a centenares de personas con posturas basadas en criterios racionales y científicos. La asociación solicitó que la Presidencia mantenga una postura de laicidad absoluta y neutralidad institucional ante la religión.
Pidieron al juzgado que se instruya al presidente para abstenerse de emitir “declaraciones interpretativas, valorativas, doctrinales o promocionales sobre cualquier religión”.
Los representantes de la Asociación de Ateos hicieron énfasis en que el debate no reside en la potencial ofensa de ciertos comentarios, sino en el papel del Estado. Según el documento, “el Estado no tiene competencia para validar o cuestionar dogmas de fe”. Además, remarcaron que “es un absurdo jurídico pretender que el sistema judicial actúe como árbitro en discusiones sobre creencias”.
El expediente también recoge el contexto institucional relevante para el caso. La Corte Constitucional ha ordenado en ocasiones anteriores la remoción de símbolos religiosos en espacios públicos, fijando criterios sobre la neutralidad estatal en materia de fe.
El proceso contempla una audiencia clave el 5 de febrero, cuando el juzgado escuchará al exministro Ruiz y al representante de la Asociación de Ateos, Diego Vargas Aguilar, quien dispondrá de 20 minutos para exponer la postura laicista. En la sesión participarán nueve testimonios.
Por su parte, un comunicado emitido por la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol) expuso la “profunda preocupación” de la organización por los planteamientos del presidente, advirtiendo que distorsionan la ‘verdad histórica, bíblica y teológica sobre Jesucristo’.
Cedecol recalcó que “la Biblia, fuente fundamental de la fe cristiana, no respalda ni sugiere tales afirmaciones” y pidió evitar la explotación de figuras sagradas en el debate público. Además, solicitó respeto a los valores espirituales del país y advirtió que la libertad de expresión no puede emplearse como pretexto para atacar la fe ni “desfigurar verdades que sostienen la identidad espiritual de una gran parte de la población”.
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