La polémica por la iniciativa de una asamblea nacional constituyente en Colombia escaló tras la presentación de una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado. La acción busca revocar la resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil que autorizó la inscripción del comité promotor encargado de recolectar firmas para dicha convocatoria.
El líder político y candidato a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático Josías Fiesco es la persona que lidera la acción judicial; según él, la medida del órgano electoral contradice la Constitución y la ley vigente.
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“Vamos a defender nuestra Constitución. Hemos demandado la resolución 1117 que emitió la Registraduría permitiendo la convocatoria a la recolección de firmas para una Asamblea Constituyente. No lo vamos a permitir porque va en contravía de lo que dice el artículo 376 de la Constitución”, afirmó Fiesco.
El líder político explicó que la convocatoria a una constituyente requiere pasos claros establecidos por la ley: “Para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente debe existir una ley previa. Es por eso que también le hemos solicitado al Consejo de Estado las medidas cautelares para que se frene cualquier intención, acción de recolección de firmas o de fondos para esto, porque va en contravía de la norma”.
Fiesco agregó que la iniciativa representa un riesgo político: “No permitiremos que el petrismo ni sus cabecillas, con los que han pactado en las cárceles o llaman gestores de paz, armen la Constitución de Colombia. Eso ocurrió en Venezuela y otros países, pero aquí en Colombia haremos respetar la Constitución del 91”.
La demanda ante el Consejo de Estado será evaluada en los próximos días, y de ser aceptada podría suspender el inicio de la recolección de firmas en todo el país. Por su parte, la Registraduría Nacional del Estado Civil recordó que, mediante su decisión, se avaló la inscripción del comité promotor para impulsar la Asamblea Constituyente.
La entidad indicó que el comité cumple con los requisitos establecidos y citó el artículo 40 de la Constitución, que reconoce a los ciudadanos el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
El documento establece que el 26 de diciembre de 2025, el Grupo de Mecanismos de Participación Ciudadana de la Registraduría recibió la solicitud de Armando Custodio Wouriyu, que lidera la iniciativa. La resolución autoriza al comité a iniciar la recolección de firmas en todo el territorio nacional, con un plazo de seis meses y un objetivo mínimo de más de dos millones de apoyos, equivalentes al 5% del censo electoral.
El comité promotor está conformado por el líder de la iniciativa, junto con Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García Marulanda, Over Dorado Cardona, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez, Luis Alfredo Grimaldo Mejía, Javier Eduardo García Felizzola y José Luis Silva Maestre.
Aunque la Registraduría fijó un mínimo de dos millones de firmas, el Gobierno nacional expresó que se espera reunir cerca de 10 millones en todo el país. Esta discrepancia provocó debates en distintos sectores políticos sobre la viabilidad y el alcance real de la propuesta.
Estas son las razones por las que la oposición en Colombia rechaza propuesta de Constituyente impulsada por Petro
La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, promovida por el Gobierno de Gustavo Petro, enfrenta un fuerte rechazo de la oposición y de sectores independientes, pues los críticos advierten que podría poner en riesgo la estabilidad democrática, al debilitar la separación de poderes y permitir una permanencia prolongada del Ejecutivo.
Además, señalan posibles irregularidades jurídicas en el procedimiento, incluida la intención de evadir el Congreso y la Corte Constitucional, y alertan que el proyecto podría otorgar facultades extraordinarias al presidente para definir delegatarios, pero sobre todo, la búsqueda por aferrarse al poder.
La oposición también lo consideró una distracción frente a problemas urgentes del país, como la seguridad y la economía, y advierten que experiencias similares en la región provocaron polarización social e inestabilidad económica.
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