Un giro reciente en la jurisprudencia colombiana ha fortalecido la protección laboral de los trabajadores prepensionados, consolidando su derecho a la estabilidad en el empleo en la recta final hacia la jubilación.
Esta decisión, tomada por la Corte Suprema de Justicia, obliga a las empresas a extremar la precaución antes de considerar cualquier despido para quienes se encuentran próximos a pensionarse.
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La estabilidad laboral reforzada es un mecanismo que protege a ciertos trabajadores frente a despidos sin causa justificada. Este amparo cobra especial relevancia en el caso de los prepensionados, grupo que históricamente ha enfrentado riesgos de desvinculación justo cuando más vulnerables se encuentran para reincorporarse al mercado laboral.
El reciente pronunciamiento del Alto Tribunal, plasmado en la Sentencia SL-2600 de 2025, marca un cambio relevante: los empleados que ya han cumplido con las semanas mínimas de cotización, pero aún les falta alcanzar la edad requerida para pensionarse, también quedan protegidos por el fuero de prepensión.
Hasta ahora, la interpretación dominante solo extendía este blindaje a quienes debían completar ambos requisitos dentro de los tres años previos a la pensión.
Este nuevo enfoque implica que todos los trabajadores que estén a menos de tres años de cumplir la edad de retiro legal, sin importar si ya tienen las semanas cotizadas o el capital necesario, podrán exigir estabilidad en su empleo.
En la práctica, esto incluye a mujeres que hayan cumplido 54 años y a hombres desde los 59, siempre que se encuentren a menos de tres años de la edad pensional.
La Corte Suprema sostiene que estos trabajadores enfrentan obstáculos significativos para conseguir un nuevo empleo, debido a su cercanía con la jubilación.
Además, corren el riesgo de perder acceso a servicios fundamentales como la seguridad social, la salud y la protección de sus familias. El fallo subraya que el periodo previo a la pensión es clave para garantizar una transición armoniosa y sin sobresaltos hacia el retiro.
La nueva doctrina judicial, además de ampliar el alcance del fuero, refuerza la obligación de los empleadores de solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo antes de desvincular a cualquier prepensionado.
El despido sin este trámite puede ser declarado ineficaz, y la compañía estaría obligada a reintegrar al trabajador y pagar todos los salarios y prestaciones dejados de percibir, así como posibles indemnizaciones adicionales.
Cabe destacar que la figura del fuero de prepensión tiene raíces en el principio de igualdad y en el derecho a la seguridad social. Además de los prepensionados, la legislación laboral colombiana reconoce varios grupos de trabajadores que cuentan con un blindaje especial frente al despido.
Las mujeres embarazadas encabezan la lista de empleados protegidos. Ningún empleador puede terminar el contrato de una trabajadora por motivo de gestación, ni de forma directa ni indirecta. Solo una causa objetiva comprobada, sumada a la aprobación previa del Ministerio del Trabajo, puede justificar la desvinculación en este caso.
La protección se extiende también a las madres en periodo de lactancia o posparto. La normativa actual ha ampliado este fuero, cubriendo a las trabajadoras hasta que el hijo cumpla dos años, siempre que la madre continúe en etapa de lactancia.
Otro grupo relevante son las personas con discapacidad o con enfermedades graves. Los empleados que presentan limitaciones físicas, mentales, sensoriales, o padecen afectaciones de salud severas, reciben una protección reforzada.
Los trabajadores con fuero sindical cuentan con una estabilidad especial derivada de su rol como representantes de los empleados o miembros activos de sindicatos. El objetivo es evitar represalias y proteger la libertad de asociación. Despedir a un sindicalista sin el aval judicial correspondiente constituye una infracción grave a la normatividad.
La legislación también acoge a madres o padres cabeza de familia. Este fuero busca evitar que el despido del único sostén económico de un hogar afecte directamente a hijos menores o familiares dependientes. El análisis para autorizar la desvinculación debe ser riguroso y considerar el impacto social del acto.
Finalmente, la protección se aplica a trabajadores diagnosticados con ansiedad, depresión u otras condiciones de salud mental. Cualquier despido por estas causas, o por las consecuencias derivadas (como incapacidades frecuentes), debe contar con el permiso expreso del Ministerio del Trabajo.
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