Riesgo fiscal en el servicio de recolección de basuras: Contraloría alerta que improvisar con el aseo puede costarle caro a Bogotá

La Contraloría de Bogotá encendió las alertas sobre el futuro del esquema de aseo de la capital y llamó a una planeación estricta que evite impactos fiscales y tarifarios para la ciudad, al advertir que cualquier decisión apresurada pondría en riesgo la continuidad y la sostenibilidad de un servicio esencial para los bogotanos.

El pronunciamiento surgió tras una mesa de trabajo con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), espacio que precedió a una Actuación Especial prevista para iniciar en marzo. En ese encuentro, el ente de control centró su análisis en el cierre del modelo vigente, previsto para febrero, y en las obligaciones derivadas de las órdenes de la Corte Constitucional, que exigen evaluar con detalle los efectos técnicos, financieros, contractuales y regulatorios del cambio de esquema.

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Desde la Contraloría local se advirtió que el final del modelo actual exige decisiones fundamentadas y coherentes. De acuerdo con el del organismo distrital, se requiere “garantizar la continuidad, eficiencia y sostenibilidad del servicio, sin improvisaciones que afecten a la ciudadanía”.

Doble pago y desequilibrios: los riesgos que ve la Contraloría en el modelo de aseo

Uno de los ejes centrales del comunicado apuntó a los riesgos fiscales que podrían surgir si se opta por prórrogas o esquemas transitorios sin una estructuración adecuada. El ente de control señaló que tales alternativas deben evitar escenarios de doble remuneración, en especial frente a activos que ya cumplieron su ciclo de amortización dentro del esquema contractual vigente. De no atenderse este aspecto, se afectaría el interés general y se generarían cargas injustificadas para los usuarios del servicio.

El contralor de Bogotá, Juan Camilo Zuluaga, enfatizó durante la reunión la obligación de proteger de forma reforzada a la población recicladora, un grupo que cuenta con reconocimiento constitucional; ordenó salvaguardas específicas para este sector.

Según expresó, “cualquier decisión relacionada con la prórroga del esquema actual, la adopción de un régimen transitorio o la estructuración de un nuevo modelo de prestación del servicio debe garantizar la no regresividad de los derechos de esta población y la preservación de las acciones afirmativas ordenadas por la jurisprudencia constitucional”.

La Contraloría también puso el foco en el modelo financiero y tarifario del sistema de aseo. En el comunicado se explicó que la fórmula económica de los contratos de concesión se diseñó con un horizonte de cierre definido y que, al llegar a su término, las inversiones y los bienes vinculados al servicio se entienden plenamente remunerados a través de la tarifa. Por esta razón, el ente de control consideró indispensable una revisión técnica e integral que permita identificar con claridad los bienes que deben revertir al Distrito Capital.

En ese sentido, el organismo de vigilancia sostuvo que cualquier esquema de continuidad contractual o modelo transitorio debe respetar el principio de continuidad funcional, evitar desequilibrios económicos y reducir riesgos fiscales, operativos y jurídicos. Todo esto, bajo la observancia estricta de los principios de legalidad, planeación, economía y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

El comunicado concluyó con un mensaje institucional que reafirmó el rol de la Contraloría como garante del interés general: “El control fiscal riguroso y oportuno resulta fundamental para anticipar riesgos, fortalecer la planeación y asegurar que las decisiones sobre el futuro del esquema de aseo se adopten con transparencia, legalidad y sostenibilidad”.

Con este llamado, el ente de control dejó claro que el debate sobre el esquema de aseo no admite improvisaciones y que las decisiones que se tomen en los próximos meses marcarán el rumbo de un servicio clave para la ciudad y para miles de ciudadanos que dependen de su adecuada prestación.

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